Amaya Álvez Marín
Abogada-Integrante de Colectiva Justicia en DD.HH.

El pasado 10 de diciembre conmemoramos 75 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En tiempos donde la proliferación de discursos que relativizan e incluso objetan los consensos de la comunidad internacional, se hace más necesario que nunca reivindicar la protección de los derechos humanos como cimiento de nuestras sociedades modernas.

En este contexto, hace unos días el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hizo entrega de su Informe Anual 2023, donde destaca el capítulo sobre “violencias y vulneraciones de derechos humanos en la región centro-sur de Chile”, materia de la primera importancia para la población del Biobío.

El INDH concluye que es una obligación del Estado proveer condiciones de seguridad a todos los habitantes del territorio, como condición habilitante para el libre ejercicio de otros derechos humanos. Al mismo tiempo, enfatiza el carácter plural de las “violencias”, las que inciden en la libertad religiosa, la educación, la propiedad de las tierras en disputas, entre otros, configurando un escenario complejo, dinámico y persistente.

Junto a lo anterior, el Informe indica que la respuesta penal a estos hechos es insuficiente. Esto incluso es reconocido por funcionarios policiales y la Fiscalía. Estos señalan que los delitos asociados responden a causas sociales más profundas, relativas a conflictos interculturales, desarrollo social y económico de los territorios, entre otras materias, relevándose el rol del gobierno central, los gobiernos regionales y locales.

Del Informe surgen variadas recomendaciones al Estado. Entre ellas destaca el consagrar un concepto normativo de “violencia rural” y una evaluación detallada y pública de los programas y planes de seguridad y de aquellos enfocados en las víctimas.

En definitiva, el INDH realiza un aporte fundamental y conceptual para el abordaje integral de las vulneraciones a los derechos humanos producidas en el Biobío hacia el sur. Nos recuerda que un enfoque de derechos humanos tiene una ejecución práctica sobre nuestra vida en sociedad más próxima y que contribuye a abordar sustantivamente la complejidad de los problemas públicos.