Amaya Alvez Marín
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos

Las condiciones teóricas de un Estado para que sea “de derecho” son el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de todas las personas, con independencia de su raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. Todas las anteriores consideradas categorías sospechosas en materia de discriminación arbitraria. Por ello parece necesario preguntarse: ¿Qué obligaciones tiene el Estado como principal sujeto de obligación? Principalmente dos: respetar y garantizar los derechos fundamentales de toda la población.

Este año, en que se cumplen 50 años desde el quiebre del estado de derecho en Chile, con violaciones graves, masivas y sistemáticas a derechos fundamentales básicos de la población, es importante preguntarnos qué medidas ha implementado el Estado de Chile cómo garantías de no repetición, para que las violaciones a los derechos fundamentales y las infracciones al derecho internacional humanitario nunca vuelvan a ocurrir.

La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 1, al refererirse a la garantía de los derechos, obliga a que el Estado debe generar las condiciones para que las personas podamos vivir y realizar nuestros derechos.

¿Cómo se hace?

Previniendo y protegiendo vulneraciones de actores públicos y privados, sea por acción u omisión de conductas; investigando, sancionando y reparando vulneraciones que se produzcan por agentes del estado y cuidando el deber de debida diligencia respecto de los comportamientos de particulares.

Respecto de las garantías de no repetición falta un más profundo debate público, que incluya a la sociedad civil, para avanzar en reformas a los currículos escolares y universitarios que enseñen la historia de los violaciones a los derechos humanos, que exista un asesoramiento en materia de trauma, que se apoyen iniciativas culturales y artísticas que fomenten la memoria, que se trabaje en un archivo de la documentación que da cuenta de las violaciones de derechos humanos.