José Ramírez Gaete
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos

Mientras la Comisión Experta debate las iniciativas constitucionales presentadas, que pueden ser revisadas por la ciudadanía en el sitio procesoconstitucional.cl, se evidencian alarmantes cifras en torno a la desconexión de la ciudadanía con este nuevo proceso. A más de 3 años del estallido social de octubre de 2019, las prioridades de la ciudadanía han cambiado y el debate público no logra relevar la temática constitucional.

Es así como la última encuesta en la materia, de la agencia Criteria, señala que solo un 31% de los chilenos manifiesta estar interesado en el proceso de redacción de la nueva propuesta de Constitución, en circunstancias que esa cifra se elevaba al 60% en el año 2021, antes de elegir a los Consejeros Constitucionales.

Revertir estas cifras debiera ser un imperativo para todo quien crea en la necesidad o conveniencia de cambiar la Constitución, partiendo por las fuerzas políticas que impulsaron este nuevo proceso, las casas de estudio que tienen la tutela del proceso de participación ciudadana y los diversos sectores sociales cuyas legítimas aspiraciones buscan reflejarse en el nuevo texto.

En este contexto, recientemente la Secretaría de Participación Ciudadana entregó a la Comisión Experta una recopilación de los procesos participativos en torno al debate constitucional entre los años 2016 a la fecha, disponible en el sitio secretariadeparticipacion.cl. El proceso de participación ciudadana seguirá con actividades de formación ciudadana y difusión, para luego contemplar mecanismos de iniciativa popular, audiencias públicas, diálogos y consultas ciudadanas, entre otros.

En cuanto a los mecanismos de participación en el futuro sistema político, la Comisión Experta ya ha propuesto incluir la iniciativa popular de ley, el referendo abrogatorio (para derogar parcial o totalmente una ley), audiencias o consultas públicas en los procesos de elaboración de normas de carácter general en los diversos niveles de la administración del Estado, foros de deliberación ciudadana, plebiscitos municipales y regionales, consulta presupuestaria municipal y regional, entre otros.

El debate constitucional está en curso y necesita de la participación de todos los sectores de la sociedad para alcanzar la legitimidad democrática que requiere un nuevo pacto social.