Esperemos sinceramente, que exista una instancia que permita reorientar el trabajo.
Claudia Hurtado
Abogada
No es primera vez que la agenda legislativa anunciada, evidencia una descoordinación o falta de conexión con las prioridades que existen en nuestro país.
Según datos publicados por la Superintendencia de Pensiones, durante el 2022 las brechas de ingreso entre hombres y mujeres llegó a un 14% . Para poder abordar esta situación creemos que la línea adecuada debe ser promover la formalidad laboral de las mujeres, generar políticas publicas que permitan el ingreso de mujeres en rubros tradicionalmente masculinizados y por supuesto, abordad con agilidad la reforma al artículo 203 del Código del Trabajo.
No cabe duda que esta es una prioridad para las mujeres, incorporarse al mercado laboral, mejorar sus condiciones y remuneraciones. Sin embargo, el anuncio de inicio de año fue la de promover una agenda legislativa que considera la creación de una Subsecretaria LGTB.
Por otra parte, en temas de educación y según cifras del Centro de Estudio del Mineduc, más de 50.000 alumnos abandonaron el sistema escolar entre los años 2021 y 2022, lo que significa que seguramente, esos niños, niñas o adolescente difícilmente concluirán la educación formal, con las graves consecuencias que ello acarrea.
Concentrar los esfuerzos en brindar atención en salud mental, incorporar programas para mejorar la convivencia escolar, recuperar los standares de los liceos emblemáticos, retomar el trabajo realizado de los Liceos Bicentenarios, disminuir las brechas en temas como comprensión lectora, incorporar digitalización y tecnologías a las metodologías de enseñanza aprendizaje, debieran ser según los antecedentes que tenemos, los principales desafíos 2023.
Pero nada de lo que es una preocupación en temas de educación, al parecer, ha sido considerado. En efecto, el Ministro de Educación ha señalado hace pocos días que lo que “necesitamos es una alfabetización en sexualidad”.
Este anuncio bastante categórico del Ministro Ávila, nos permite al menos, reflexionar sobre la intromisión del Estado en una decisión que en nuestra opinión es familiar y que no requiere de leyes, sino más bien de lo que cada establecimiento educacional, considere pertinente incorporar en su proyecto educativo, para que luego libremente definamos si queremos ser parte de el.
Esperemos sinceramente, que exista una instancia que permita reorientar el trabajo y enfocarse en lo que son las prioridad, para lograr que de esa manera conectar con la realidad o necesidades de los que habitamos en este país.