Resulta difícil comprender por qué si existe una ley sobre: “Abandono de Familia y Pago de Pensión Alimenticia” , la aplicación resulta al menos ineficaz.
Claudia Hurtado
Abogaba
Hace pocos días la vocera de la Corte Suprema, Ministra Angela Vivancos, a propósito de la aplicación de la denominada “Ley de Aula Segura” señaló lo siguiente: “Las leyes se tienen que aplicar a todos los que correspondan y agrego, que la ley rige a todos”.
A propósito de sus palabras, traigo a colación una situación de todos conocidas, pero no por ello impactante. Según encuesta Cadem, realizada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en noviembre del 2020, el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos y de estas, un 65% no recibe contribución alguna de la pensión de alimentos.
Por otra parte, se ha señalado que sólo el 16% de las pensiones de alimentos son pagadas en forma efectiva. Se agrega que de cada diez deudores, nueve son hombres y una sola mujer.
Resulta difícil comprender por qué si existe una ley sobre: “Abandono de Familia y Pago de Pensión Alimenticia” y otras normas legales, la aplicación y eficacia de la misma, resulta al menos ineficaz.
Razones seguramente existen como deudores incumplan la obligación alimenticia y la verdad, que estos motivos debieran ser irrelevantes, cuando la ley se tiene que aplicar.
En mi opinión ha sido precisamente, este espíritu el que ha llevado al legislador a crear un Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia y a modificar la ley vigente, con el objeto de mejorar el cumplimiento de la obligación de alimentos.
La injusticia de la que hay que hacerse cargo, la inequidad que afecta principalmente a las mujeres y a tantos niños, niñas y adolescentes, el espíritu que considera “el legislador” cuando incorpora una ley en nuestro ordenamiento jurídico debe tener una correlación con la conducta de los que somos legislados.
Seguir aceptando la cultura del incumplimiento, de la búsqueda del resquicio legal y del peregrinar de mujeres que imploran justicia no puede continuar, en un Estado de Derecho, la ley se tiene que aplicar y esperamos que eso ocurra con la ley 21.389 que entra a regir. De esta manera se concretará además, la corresponsabilidad de ambos padres en el cuidado de los hij@s.