Constatamos hoy que parecen asuntos muy alejados de las conversaciones habituales entre ciudadanos, escolares y fuerzas políticas tradicionales.
Parte de las reflexiones necesarias post 4 de septiembre es preguntarse qué fue lo que la ciudadanía rechazó.
¿La votación fue en contra del sentido de las ideas expresadas en el texto? ¿Cuál es la efectiva valoración que tenemos de la propuesta de Constitución Ecológica? ¿Qué nos parece la idea de una Constitución Feminista? ¿Creemos necesaria la implementación de un Estado Regional que efectivamente descentralice el poder político? ¿Nos parece que la plurinacionalidad e interculturalidad son necesarias para intentar una nueva y diferente manera de vincularnos con los Pueblos Indígenas?
Todos estos asuntos fueron debatidos, votados y aprobados en la Convención Constitucional. Sin embargo, constatamos hoy que parecen asuntos muy alejados de las conversaciones habituales entre ciudadanos, escolares y fuerzas políticas tradicionales.
Esto nos impulsa a repensar el formato institucional en que estas ideas fueron debatidas y comunicadas. Visto en perspectiva, parece evidente que la comunicación entre la Convención Constitucional y la población no fue suficiente, no permitió poner en común conceptos, ideas, manifestar temores o dudas.
El énfasis estuvo en la exposición de propuestas, dejando en segundo plano el proceso de retroalimentación de la comprensión y valoración de ellas por quienes debían aprobarlas o rechazarlas y que, más relevante aún, se verían afectados por su eventual implementación.
Debemos, transcurridos ya unos meses desde el plebiscito, retomar la comprensión del derecho constitucional en su doble función: por un lado la de establecer las reglas del juego democrático e institucional, y por otro la de comprender la cultura jurídica que lo subyace e intenta avanzar en principios que permitan una mejor protección de los derechos fundamentales de todas y todos.
AMAYA ALVEZ MARÍN
Abogada- Colectiva Justicia en Derechos Humanos