SINDY SALAZAR PINCHEIRA
Abogada-Colectiva Justicia en Derechos Humanos
El pasado 4 de septiembre vivimos una jornada de deliberación nacional que trajo consigo un aumento significativo en participación electoral, no solo por el voto obligatorio con padrón completo que movilizó 13.011.835 de personas a votar sino que porque la jornada también significó la apertura de los derechos civiles y políticos para personas que se encuentran privadas de libertad, que cumpliendo con la habilitación para ejercer su derecho a sufragar, habían sido excluido del debate público de manera generalizada por años. Dicen que los tiempos en la incorporación real de derechos humanos en los ordenamientos jurídicos y de ciertas discusiones en la misma materia, es lenta, y Chile por supuesto no es excepción. El pacto de los Derechos civiles y Políticos, adoptado por la ONU fue en 1966 y suscrito en la misma fecha por nuestro país y la Convención Americana de Derechos Humanos en 1990 ambos tratados Internacionales que hacen hincapié en participación y el derecho a poder decidir sobre asuntos públicos.
Dando un salto enorme y a raíz de la tragedia ocurrida el año 2010 en la cárcel de San Miguel, donde 81 internos murieron, se puso en la mesa la necesidad de incorporar a la discusión los derechos de las personas presas. La Tragedia de San Miguel insta a identificar públicamente la necesidad de comprender y mejorar las condiciones de estas personas en distintos ámbitos, uno de ellos también es la participación política. El camino de la judicialización a través de Recursos de protección fue una vía que utilizó también en INDH para lograr tener fallos que fueran en la línea de abrir derechamente la participación política pero a pesar de tener resoluciones a favor, no se concretó, uno bastante comentado fue el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema en favor de personas privadas de libertad en el CCP Colina II que reclamaron su derecho a sufragio para el plebiscito del 25 de octubre de 2021, que establece: “el Servicio Electoral dentro de los plazos legales, adopte las medidas necesarias que posibiliten el derecho a voto de las personas que se encuentran privadas de libertad, por no tener suspendido su derecho a voto”.
Ha sido largo el camino pero avanza significativamente con un plebiscito que consideró a 889 personas privadas de libertad con derecho a sufragar en todo el país, mesas constituidas al interior de las diferentes cárceles y vocales de mesa realizando funciones durante toda la jornada, de la misma manera que lo hacían todas las mesas del país. Concepción con una mesa constituida por dos hombres y una mujer, tenía 109 internos habilitados para sufragar, 93 votaron y el resto no votó pues salieron en libertad. Lo que para nosotros fue un año de intensidad electoral, los presos podían volver a sentir que forman parte de este país, que puede haber una reinserción social y política en esta sociedad. Citando a Nelly León, muchas veces se utiliza los muros de las cárceles no solo para que no se escapen los presos sino para ocultar no que no queremos ver como sociedad.