Incertidumbre es el concepto que mejor resume lo que genera la propuesta de nueva Constitución Política de la República para las Universidades Públicas no Estatales que conforman la Red G-9, entre las que se encuentra la Universida d Católica de la Santísima Concepción (UCSC).
Y es así porque, en términos generales, el texto no explicita el aporte histórico que estas instituciones han realizado al país, los cientos de miles de profesionales que han formado y su contribución a la movilidad social intergeneracional.
Se debe recordar -por ejemplo- que cuando se fundó el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), en 1954, este organismo estaba integrado por cinco universidades no estatales (Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad Austral de Chile y Universidad Técnico Federico Santa María) y solo dos universidades estatales: Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado. También es necesario consignar que las Universidades del G-9 han representado una oportunidad de crecimiento personal y desarrollo profesional para muchos jóvenes que -por distintas razones- no han accedido a una universidad estatal.
Es mi caso, ya que una vez egresado de cuarto medio del Liceo La Asunción de Talcahuano, postulé en primera preferencia a la Universidad del Bío-Bío, pero mi puntaje ponderado no fue suficiente para poder matricularme allí. Así, ingresé a la UCSC, donde pude cursar la carrera de Ingeniería Comercial, para luego estudiar un MBA en la Universidad de Chile y doctorarme en una universidad estatal de Estados Unidos (University of Texas Pan-American).
Comparto mi historia personal porque creo que somos muchos los que hemos podido desarrollar nuestros proyectos académicos y de vida gracias a la complementación entre Universidades estatales y no estatales del G-9, lo que deriva en contribuciones relevantes para el país en diversas áreas del desarrollo, especialmente en zonas fuera de Santiago. Y aquello está muy bien representado en las regiones de Biobío y Ñuble debido al rol que tanto la UdeC como la UCSC realizan en áreas vinculadas a la docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio.
Frente a este aporte, la propuesta de nueva Constitución queda en deuda, al forzar a la generación de un sistema de educación binario: estatal-privado, sin distinguir ni reconocer la innegable vocación pública de las Instituciones del G-9. Esto, se refleja -por ejemplo- en que los aportes basales están claramente estipulados sólo para las instituciones estatales que conformarían el futuro Sistema de Educación Pública y, por consiguiente, la sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior Públicas no Estatales entra en un terreno de fuerte inseguridad.
En relación a la gratuidad, en tanto, existe un reconocimiento de lo no estatal, pero éste podría también verse afectado en las futuras leyes de presupuesto, debido al foco de preocupación primordial por el sistema estatal que expresan, coincidentemente, el texto constitucional y autoridades gubernamentales de la cartera de Educación.
Todo este escenario deriva en la incertidumbre en relación al futuro de proyectos educativos que se han distinguido históricamente por su compromiso con las regiones y el país, como complemento al también significativo rol de las Universidades estatales.
Cristhian Mellado Cid
Rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción