La propuesta constitucional busca fortalecer la voz colectiva de cada comuna reconociendo la municipalidad como “el gobierno de la comuna” e incluyendo en su gobierno la participación de la comunidad.
Dra. Jeanne W. Simon
Programa de Estudios Europeos Universidad de Concepción
Después de 10 meses de deliberación, la Convención Constitucional se acerca a su fin: la propuesta definitiva será votada en el plebiscito el 4 de septiembre. Entre sus propuestas, se destaca la apuesta a mayor descentralización con un Estado regional basado en las entidades territoriales autónomas, y en especial la comuna autónoma como “la entidad territorial base”.
Aunque hay mucha continuidad con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el proyecto actual establece deberes del Estado central y abren las posibilidades de fortalecer la capacidad municipal para que se pueda lograr en cada territorio la autonomía municipal que existe sólo en el discurso debido a los recursos limitados y pocas atribuciones.
La propuesta constitucional busca fortalecer la voz colectiva de cada comuna reconociendo la municipalidad como “el gobierno de la comuna” e incluyendo en su gobierno la participación de la comunidad”. De esta manera, establece que el alcalde o alcaldesa será la autoridad máxima ejecutiva y tendrá la presidencia del Concejo, pero que se espera mayor participación comunitaria en los asuntos públicos.
De hecho, la propuesta constitucional establece el deber de promover y garantizar la participación ciudadana de la comunidad local en la gestión, en la construcción de políticas de desarrollo local y en la planificación territorial. Además, requiere garantizar espacios de participación popular en la tramitación de presupuesto, establece la Asamblea social comunal, requiere paridad y escaños reservados y anuncia el plebiscito comunal y el fortalecimiento de las juntas de vecinos.
Para mejorar la calidad de vida, asigna nuevas competencias y responsabilidades al municipio. Tendrá la responsabilidad de establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza y adoptar acciones de prevención, adaptación, y mitigación de los riesgos provocados por la crisis climática y ecológica. Finalmente, la propuesta establece una serie de deberes del Estado Central en relación con los territorios, incluyendo el requisito que las políticas públicas tengan pertenencia territorial como también los recursos necesarios para implementarlas.
De esta manera, la propuesta constitucional responde al anhelo de contar con un gobierno local con capacidad. Para cumplir con las expectativas, se requiere pensar en programas de apoyo a la transición en todos los territorios, incluyendo la atracción de personas capacitadas.