Superar las desigualdades territoriales es un imperativo ético para la equidad y la justicia social que tanto requieren nuestras sociedades. En Chile, hoy existe una oportunidad histórica para cambiar la manera de construir socialmente los territorios en el marco del proceso constituyente.
Danae Mlynarz Puig
Directora Oficina Chile
Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Desde noviembre de 2020 a febrero 2022, se entrevistó a un total de 52 personas, mostrando en primera persona cuáles son las expectativas y deseos de quienes habitan lo rural, sus preocupaciones y anhelos para que la ruralidad sea considerada dentro del proceso constituyente.
Los principales hallazgos de ese proceso muestran que las desigualdades territoriales son fuertemente asumidas desde la falta de oportunidades y de derechos sociales en el habitar la ruralidad. Existe una gran expectativa por mayor descentralización y participación ciudadana de las personas de sectores rurales como una forma para modificar la situación de desigualdad existente. Además de la prioridad por el resguardo de la naturaleza y el medio ambiente, donde el agua es el elemento central.
Hoy con un borrador de la Constitución se puede señalar que el proceso constituyente ha recogido la mayoría de estas temáticas, visibilizando la ciudadanía rural como nunca se había hecho. Es el momento de desarrollar un trabajo para que los actores rurales lo conozcan, lo sientan propio y participen en el plebiscito de salida modificando las cifras de menor participación electoral del mundo rural en relación al urbano que se ha observado en las últimas elecciones en Chile.
En el borrador de la nueva Constitución se pueden encontrar varias normas aprobadas por el Pleno de la Convención que están relacionadas a la ruralidad:
· “Derecho humano al agua y al saneamiento”.
· “El Estado reconoce la ruralidad como una expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar”.
· “El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad”.
· “El Estado reconoce y apoya la agricultura campesina e indígena”.
• “Toda persona tiene derecho a una alimentación saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente culturalmente y adecuada”.
· “Es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria”.
· “El Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos originarios al libre uso e intercambio de semillas tradicionales”.
· “El Estado protegerá la función ecológica y social de la tierra”.
· “El Estado reconoce y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal, entre otros, como actividades fundamentales de la producción de alimentos”.
· “El Estado tomará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas para garantizar su acceso igualitario a los derechos que esta constitución consagra.
· “Se fomentará la conectividad regional con especial atención a territorios aislados, rurales y de difícil acceso”.
Superar las desigualdades territoriales es un imperativo ético para la equidad y la justicia social que tanto requieren nuestras sociedades. En Chile, hoy existe una oportunidad histórica para cambiar la manera de construir socialmente los territorios en el marco del proceso constituyente.