Es tiempo que nuestras instituciones democráticas, la convención constitucional y el futuro gobierno, pongan la inteligencia, el conocimiento y la voluntad política al servicio de la elaboración de normas, leyes, políticas públicas y programas de gestión del agua, que impulsen a la industria forestal a actuar con responsabilidad social y sentido de país.
Pedro Cisterna Osorio
Doctor en Ingeniería Ambiental, UBB
Estos días hemos sido testigos del incendio ocurrido en Quillón, lo que nos evoca el año de los macro-incendios ocurridos el año 2017 en nuestro país. En Chile, hay sobre 2 millones de hectáreas de bosque forestal productivo, constituido por Pino Insigne, Eucaliptus Globulus, el 50% de este suelo ocupado se concentra en las regiones de Ñuble, Bio Bio y Araucanía.
En la generación y desarrollo de incendios, existen diversas variables no controlables, tales como la velocidad del viento, la temperatura ambiental, la baja sostenida de aguas lluvias.
Por otra parte, se tienen otros factores tales como: la Tasa de cultivos forestales, Distancia a los asentamientos humanos, Inventarios de agua, Sequedad del suelo, etc., que sí son manejables y discrecionales. Hoy, producto de la lógica industrial imperante del sector forestal, estos factores no son considerados de manera racional y eficaz, menoscabando la sustentabilidad. A nivel de política pública, al día de hoy el decreto ley 701 es insostenible y debe ser completamente derogado. El Estado debe hacerse responsable del desarrollo de una industria forestal que ha generado impactos ambientales de gran magnitud, que se manifiestan con incendios forestales devastadores y trágicos, afectando a comunidades y ecosistemas.
Por tanto, hay que regular los monocultivos forestales respecto al uso del territorio, replanteando la relación plantación-cosecha en los bosques cultivados que hoy es de 2:1, lo que tiene como consecuencia una huella hídrica insostenible por la naturaleza, lo que se agrava más aun, en un contexto de sequía y crisis climática.
Dados los hechos que han marcado la historia de Chile en los últimos 2 años, es tiempo que nuestras instituciones democráticas, la convención constitucional y el futuro gobierno, pongan la inteligencia, el conocimiento y la voluntad política al servicio de la elaboración de normas, leyes, políticas públicas y programas de gestión del agua, que impulsen a la industria forestal a actuar con responsabilidad social y sentido de país.