Con mucha pena y sin gloria, la ruralidad del país seguirá esperando que el sentido común ilumine a las próximas generaciones.
Renato Segura Domínguez
Centro de Estudios CERRegional
Con más pena que gloria visualizo la evolución de la ruralidad del país durante el período 2022 – 2026. En efecto, si juntásemos todos los contenidos de los programas de gobierno asociados a la ruralidad, sería insuficiente para instalar en Chile una política pública que sostenga el desarrollo de la actividad económica de la macrozona rural del país.
Mientras nuestro suelo agrícola sigue siendo depredado por el aumento de la superficie urbana, las parcelas de agrado y las plantaciones forestales, la proyección de escasez de alimentos hacia el año 2050 ha generado, en el mundo desarrollado, un creciente interés en proteger las tierras cultivables. La tendencia de los países OCDE – excluido Chile – ha sido fortalecer la gobernanza y la autogestión de las zonas rurales y su integración con los planes estratégicos de desarrollo de las zonas urbanas.
Entre las regiones de O’Higgins y La Araucanía, habita más del 50% de la población rural y genera más del 55% del PIB de la actividad agropecuario silvícola del país. Empero, no existe una gobernanza que permita desarrollar dicho potencial.
La OCDE ha señalado que Chile tiene programas, pero carece de una política rural. En palabras del organismo, los programas de desarrollo rural han sido diseñados con un enfoque desde arriba hacia abajo, a veces sin la debida consideración de las particularidades, prioridades y realidades territoriales. Además, el organismo de cooperación advierte sobre el alto grado de fragmentación institucional, lo que tiene como resultado la superposición de programas y fallos de coordinación en los programas rurales. La falta de capacidad fiscal que otorga la ley a los gobiernos municipales limita la efectividad de sus esfuerzos para ejercer cualquier responsabilidad que les haya sido delegada, es la sentencia final del OCDE.
En materia local, la región de Biobío está ubicado en un punto equidistante entre las regiones de O’Higgins y La Araucanía. En un radio económico de 400 kilómetros concentra la mayoría de los recursos que necesita el desarrollo de la agroindustria. La región cuenta con infraestructura suficiente para garantizar una conectividad de primera línea y acceso expedito a los grandes centros de consumo de los productos agroalimentarios del país y el mundo.
Con estos antecedentes e invocando el sentido común, la región del Biobío debiese estar dotada de una gobernanza para respaldar la actividad económica rural. La política rural, irremediablemente debiese estar basada en un paquete de incentivos fiscales que permita disponer de la infraestructura necesaria para el acopio de productos frescos, el procesamiento y la logística de distribución hacia los mercados de Chile y el mundo. Los gobiernos locales debiesen tener mayor autonomía en orientar la inversión pública para contribuir al desarrollo de los recursos disponibles. Parte de la recaudación tributaria que genera el sector, debiese estar destinada a la protección social de trabajadores y trabajadoras que han dedicado su vida a la actividad agrícola. Siguiendo los consejos del Banco Mundial, la política rural debiese permitir la instalación de Zonas Francas Agroindustriales para fortalecer las exportaciones de alimentos frescos y elaborados.
Pero nada de ello está considerado en los programas de los candidatos a la presidencia de Chile. Es decir, con mucha pena y sin gloria, la ruralidad del país seguirá esperando que el sentido común ilumine a las próximas generaciones.