Emmanuel Arredondo Hernández
Abogado -Colectiva Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica.

Durante esta semana el debate ha sido tomado por los comentarios a la política de drogas de las candidaturas presidenciales. Es por ello que queremos entregar algunos pequeños comentarios que debiesen ser tomados en cuenta para el debate.

Actualmente, no cabe duda de que uno de los mayores flagelos de Latinoamérica, en lo que dice relación con aspectos delictivos, ha sido el narcotráfico y el crimen organizado. Tanto así que, en el caso de Colombia, uno de los países que más sufre por este tipo de delitos, al año 2018 las ganancias ilícitas del narcotráfico se estimaban que representaban alrededor del 2% PIB de aquel país.

Ahora bien, ¿cuál ha sido la respuesta de los países en Latinoamérica frente a este tipo de delito? En la mayoría de los países ha sido persecución, sanción y aumento de facultades policiales, además de incorporación de otras instituciones armadas en la persecución penal. ¿Cuál ha sido el resultado? Violencia, corrupción en las fuerzas de orden y seguridad, aumento del narcotráfico y un sin número de víctimas inocentes producto de la violencia y del consumo problemático de estas sustancias. Tanto así que diversos organismos internacionales han catalogado la denominada “guerra contra el narcotráfico” como un rotundo fracaso.

¿Qué se puede hacer entonces?, primero es necesario considerar que existe producción de droga porque existen consumidores. Es ahí un primer- pero no único- camino para atacar y disminuir este tipo de delincuencia. En Chile como en la mayoría de los países de Latinoamérica, no existen programas de salud pública robustos que permitan un tratamiento para quienes sean consumidores de drogas de manera problemática, tanto así que muchas veces esto queda entregado a instituciones públicas con escaso financiamiento o a instituciones religiosas o sin fines de lucro que también carecen de recursos necesarios para abordar este problema que tanto dolor causa a las familias.

No olvidar, que en la ley 20.000 el bien jurídico tutelado principalmente es la salud pública, sin embargo, lamentablemente no existen normativas en Chile que aborden este problema desde dicha perspectiva.