Lo ocurrido esta última semana, revela cuan tensa puede ser la dinámica entre el poder constituido y el que se pretende constituir.
Nicolás Díaz Carrillo
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica.
Lo ocurrido esta última semana, revela cuan tensa puede ser la dinámica entre el poder constituido y el que se pretende constituir. Sobre esto, resulta aconsejable tener en consideración cuál ha sido el devenir en casos comparados.
En Bolivia (2006) y Venezuela (1999), procesos impulsados por los recién asumidos gobiernos, se contó con escaños indígenas e instancias de participación, sin embargo, sectores políticos se marginaron en bloque tras la fuerte hegemonía de la coalición de gobierno. Algo similar ocurrió en Ecuador (2007), donde aún con una pujante voluntad institucional por la participación, se ha estimado que la gran cantidad de instancias ciudadanas no pudieron incidir con claridad dada la falta de planificación metodológica y procedimental. En Islandia (2009), la voluntad de su foro nacional integrado por ciudadanos al azar, se vio enteramente bloqueada por parte del poder legislativo. En Kenia (1997-2008), se procuró ir dotando el proceso de reemplazo constitucional con inclusión y participación, lo que tuvo una difícil marcha y comienzo con la conformación de una Comisión de Reforma integrada por parlamentarios designados por el propio poder ejecutivo, además de cambios de gobierno e incluso un referéndum que rechazó la propuesta de nuevo texto (2005). En Hungría (2010) el proceso de participación fue fuertemente impulsado y controlado desde el ejecutivo (con mayoría parlamentaria). Hubo escasísimo tiempo y oportunidad para garantizar la apertura y receptividad de la participación. En Polonia (1997), caso que algunos señalan como de contraste al anterior, el rol de las fuerzas políticas de oposición (extra-institucionales), fue clave. Sin ir más lejos, “la trazabilidad” o congruencia del proceso de Bachelet II, adoleció de opacidad hasta sus últimos días, no dejando claro si el proyecto de constitución expresaba fielmente la voz de las 200 mil personas que participaron o el criterio exclusivo de la SEGPRES.
De la ciudadanía se requiere un compromiso activo, y de las autoridades ajenas a la convención, el entendimiento de que su rol es facilitar, ni guiar, ni obstruir ni imponer. Ya se ha manifestado de parte de los representantes de universidades públicas, Municipios, el GAM, el Colegio Médico, entre otras, una abierta colaboración en este sentido. Esperemos que ese espíritu prime. En todas las tensiones por venir, será la ciudadanía y la sociedad civil la que en gran parte permita allanar el camino a un nuevo marco de convivencia, a lo menos, hasta que el gobierno de turno culmine.