Conocer y estudiar estas experiencias tiene relevancia, puesto que nos entregan dos lecciones: la necesidad de generar acuerdos amplios que involucren a todos los sectores, y la posibilidad de compatibilizar lo que en Chile parece imposible, a saber, la relación entre libertad e igualdad.
Dr. Alfonso Henríquez
Integrante del Programa de
Estudios Europeos UdeC.
El Estado de bienestar europeo no fue un plan preconcebido, fue en general la respuesta a un doble desafío: por un lado, el aparente éxito del comunismo, y por el otro, la necesidad de reconstruir la economía y el tejido productivo y social de un continente devastado por la guerra.
Dicho esquema también se presentó como una alternativa a la acumulación de la renta y los medios de producción que precedió a las dos guerras mundiales, y que se caracterizó por la enorme concentración de la renta y del patrimonio en manos de unas pocas personas, y por una flagrante desigualdad entre las distintas capas sociales.
Dicho Estado social se basó en algunos pilares: función social de la propiedad, altos impuestos con carácter progresivo sobre la renta y la herencia, participación de los trabajadores en la gestión de las empresas (al menos en los modelos alemán y escandinavo), servicios sociales con carácter universal y una alta inversión en educación. Esto permitió una reducción de la desigualdad sin precedentes y garantizó bienestar material y social.
Sin embargo, existe otro punto que también merece ser destacado. Me refiero al hecho que este modelo surgió como parte de un consenso más o menos transversal entre los distintos sectores sociales y económicos. El caso de los países escandinavos fue muy ilustrativo en este sentido. Como comenta Tony Judt (Postguerra), estos modelos tuvieron sus orígenes en dos pactos sociales: el de los empresarios y trabajadores y el de los obreros y los agricultores. En este sentido, dichos sistemas se caracterizaron por ofrecer prestaciones sociales universales sobre una base más o menos igualitaria, pero respetando la propiedad privada de los medios de producción. El compromiso del Estado pasó por establecer impuestos progresivos, y distribuir lo recaudado en función de ciertas necesidades consideradas como públicas. Este acuerdo pareció atractivo a todos los sectores: se respetaron los derechos de propiedad y la libre iniciativa económica, pero a la vez, se reconoció un fuerte papel al Estado como garante de ciertas prestaciones básicas.
Conocer y estudiar estas experiencias tiene relevancia, puesto que nos entregan dos lecciones: la necesidad de generar acuerdos amplios que involucren a todos los sectores, y la posibilidad de compatibilizar lo que en Chile parece imposible, a saber, la relación entre libertad e igualdad.