Avanzar en paz y prosperidad desde una mayor cohesión social requiere de preservar aquella institucionalidad que ha hecho posible el progreso expectante del Chile de las últimas décadas y de una profunda modernización del Estado que nos permita combatir la desigualdad desde una redistribución eficiente.
Augusto Parra Ahumada
Presidente Fundación República en Marcha.
Si bien el GINI de partida de Chile, o sea el resultado del mercado antes de la intermediación del Estado o impuestos y transferencias es de 50 puntos, equivalente al de Alemania e incluso superior en uno o dos puntos a los de EE. UU, Reino Unido, Francia, Italia, España o Costa Rica. Después de impuestos y transferencias registra una caída de solo 3 puntos quedando en 47 y situándonos entre los 24 países mas desiguales en un cuadro comparativo de 159 países y entre los 2 con mayores índices de desigualdad de la OCDE.
Para algunos la causa dice relación con una carga tributaria baja de 20,7%, por debajo del 22,9% media regional y muy por debajo del 32% promedio de la OCDE, pese a que en Chile a comienzos de los años 90 era del 13%, por cuanto podemos afirmar que ha venido registrando un alza y una progresividad más que aceptable y que aun tiene espacio de crecimiento en la medida que la carga sea bien pensada, para evitar su regresividad, sea gradual y los impuestos que se incorporen sean oportunos en no comprometer la reactivación económica. Sin embargo, considerando un País cuyo PIB esta por debajo de los 300 mil millones de dólares y un Estado de sobre 76 mil millones de dólares, es necesario desmitificar la idea que estamos ante un Estado pequeño, mas bien estamos ante un Estado que se acerca al tercio del PIB y cuya mayor dificultad radica en su ineficiencia redistributiva.
Evitando toda simplificación de un debate que requiere un análisis reposado para evitar la irrupción populista de un igualitarismo ramplón que podría ser incompatible con el progreso, podemos afirmar que uno de los factores determinantes de la ineficiencia redistributiva de un Estado de tamaño aceptable dice relación con factores territoriales, transferencias a quienes no lo necesitan, un sistema de inversión pública reproductor de inequidades desde un concepto de rentabilidad social y un sistema de calificación que prioriza números de beneficiarios por sobre consideraciones de objetivos de desarrollo en la provisión de bienes públicos.
Algunos ejemplos, la Municipalidad de Vitacura, Las Condes o Providencia tienen presupuestos Municipales per cápita de entre 1.1 y 1,2 millones de pesos, en relación con comunas con mayores índices de pobreza y necesidades mas significativas, como San Pedro de la Paz, Concepción, Chiguayante, Hualpén o Talcahuano se encuentran por debajo de los 200 mil pesos por habitante, y si agregamos a esa variable otros factores de distribución también territorial como la distribución de los fondos de los Gobiernos Regionales que tienden a concentrar inversión en las comunas con mayor densidad y otras partidas y glosas presupuestarias cuya priorización es a través del sistema de inversión público, podemos afirmar que luego de la intervención del Estado hemos profundizado la desigualdad. Se estima que cerca del 1% mas acomodado captura un 17% de los ingresos fiscales y el 10% se acerca al 50% de estos.
Avanzar en paz y prosperidad desde una mayor cohesión social requiere de preservar aquella institucionalidad que ha hecho posible el progreso expectante del Chile de las últimas décadas y de una profunda modernización del Estado que nos permita combatir la desigualdad desde una redistribución eficiente. Invertir como principio, crecer como medio ineludible para la mejora de la condición humana y distribuir con eficiencia como fin e imperativo ético, para acercar los frutos del progreso desde la provisión de bienes públicos equitativa a quienes les han sido más esquivos.