La corrupción es causante de buena parte de los males que aquejan al país, pero extrañamente muy pocos lo tienen como estandarte. Se han preocupado largamente de hablar de los derechos, del tipo de Estado con el que sueñan o de como balancear el poder; pero casi nadie evalúa que nada de eso va a existir si es que no hay una acción decidida contra este flagelo
Jorge Condeza
Ingeniero Comercial
Debe ser el tema más olvidado de las actuales campañas para alcaldes, concejales o gobernadores y es muy notorio que las 2 docenas de candidatos presidenciales eviten mencionarlo.
La corrupción es causante de buena parte de los males que aquejan al país, pero extrañamente muy pocos lo tienen como estandarte. Se han preocupado largamente de hablar de los derechos, del tipo de Estado con el que sueñan o de como balancear el poder; pero casi nadie evalúa que nada de eso va a existir si es que no hay una acción decidida contra este flagelo. Porque, si es que existen esos “enemigos implacables”, el principal de nuestro país es la corrupción.
Se requiere en la Constitución esto de que el Estado garantiza la seguridad nacional, la protección de las personas, el acceso al agua potable o la protección del medio ambiente, pero sería muy potente garantizar un estado libre de corrupción y donde se castiga severamente a quienes afectan la fe pública.
No es tan difícil: primero lograr la ansiada separación de poderes del Estado. El sistema que actualmente impera no está funcionando y más bien ha generado la caída y el deterioro de las instituciones. Y todos tienen velas en este entierro. No más elección de miembros entre poderes del Estado. No más cargos que pasen por el besamanos de diputados o senadores. Y eso aplica para cualquier institución que deba después fiscalizar o fallar.
En segundo lugar, establecer que todo recurso público es fiscalizable por la ciudadanía y por cierto por la Contraloría. Hoy quedan fuera de este régimen instituciones como el parlamento donde hemos visto los abusos más grandes de nuestro sistema político. Tercero, fortalecer los órganos de control intermedio como concejos Municipales y regionales, no solo dotando a estos órganos de gente más capacitada, sino que estableciendo responsabilidad compartida en casos de fraude o malversación donde ellos debieron fiscalizar. De otra forma no es necesario que sigan existiendo.
Cuarto, dotar de más atribuciones a órganos como el Consejo para la Transparencia o Contraloría, evitando que se pierda una gran cantidad de recursos en sumarios e investigaciones si nada ocurre, como en el sector municipal en que solo se hacen recomendaciones. Quinto, establecer penas fuertes para quien comete fraude, malversación y otros delitos de corrupción. En esto creemos que hemos avanzado, pero debemos ir más allá, estableciendo, por ejemplo, que estos delitos son imprescriptibles y que quienes los cometen no pueden volver a ser contratados por el Estado directa o indirectamente.
Por último, establecer un sistema revocatorio, permitiendo que también la ciudadanía, mediante mecanismos simples, pueda recurrir a los tribunales para intentar destituir a autoridades que sus pares no se atreven a acusar ( asunto mas común de lo que uno cree).
En estas elecciones, en que se justamente se eligieron autoridades cercanas a los problemas mas comunes, reconozcan a aquellos que han estado metidos en asuntos turbios, a los pillos y corruptos, a los que usan los fondos públicos para promocionarse o contratar a parientes o amigos. Todos sabemos cuánto calza cada uno.