Se necesita un compromiso de la ciudadanía para terminar el desangre del aparato público. Por lo visto nadie más lo hará.
Jorge Condeza Neuber
Ingeniero Comercial.
“Buen día. Informamos que se ha hecho necesario ampliar el plazo mediante prorroga especial para otorgar respuesta a su solicitud. Lo anterior debido a la situación sanitaria por la cual atraviesa el país, lo que ha afectado el funcionamiento regular de la nuestra institución”.
Esta es la respuesta que cada 14 días me envía la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (CMDS) ante un requerimiento de información realizado en noviembre del año 2020 pidiendo copia de la cartola bancaria y las conciliaciones asociadas a la cuenta corriente con la que dicho Municipio administra los recursos SEP.
La ley SEP entrega fondos millonarios (más de 800 mil millones el año 2021) para nivelar la cancha en educación, permitiendo que aquellos colegios con una gran cantidad de alumnos en condición vulnerable puedan tener más tecnología, más horas de profesores, transporte escolar, etc.
El Municipio de Antofagasta administra la educación municipal a través de esa corporación y recibe millonarios fondos desde el ministerio de educación y que de no aplicarlos debe devolverlos. Recibe sobre 10.000 millones al año por este concepto, pero acumula año a año sin que se produzcan devoluciones relevantes al ministerio que claramente podría darle otro uso. Solo al 31 de diciembre del 2019 tenía más de 5200 millones como saldo de arrastre.
Lo mismo ocurre con una gran cantidad de sostenedores, algunos de los cuales tienen saldos, al 31 de diciembre, muy cercanos al monto total que reciben cada año, lo cual da cuenta que efectivamente no son capaces de gastar el monto total de la subvención que el Estado dispone para ellos. Muchos municipios, como Antofagasta, se niegan a entregar información que permita establecer donde están los fondos; y muchos otros entregan datos que nada tienen que ver con la realidad. O casos como el de Valparaíso que reconoció que faltaban más de $1000 millones de esta subvención, o como en otros casos la simple suma y resta permite determinar que el dinero no está. Posiblemente hay 200 millones de dólares en la misma condición.
Yo sé que a muy pocas personas conmueve todo esto. Son noticias que no generan ningún “revuelo”, pero gran parte de los problemas que enfrenta el Estado tiene que ver con la focalización de las ayudas, con descubrir como el gasto publico genera efectos de verdad, con gastar eficientemente y hacer “rendir el dinero”. Pero en muchos casos no sabemos realmente en que se gasta, hay pagos con tanto sobreprecio o porque los fondos se empozan en una cuenta corriente sin saber si esos recursos realmente están o fueron malversados.
No basta tener una ley que obligue a las autoridades a publicar información o entregarla a requerimiento de cualquier que lo desee. No basta que se pueda denunciar estas situaciones a los órganos de control. No basta que la prensa investigue casos de mal uso de recursos y los corruptos se conviertan en portada. No basta meter y meter dinero en la educación. Ya no basta votar.
Se necesita un compromiso de la ciudadanía para terminar el desangre del aparato público. Por lo visto nadie más lo hará.