Existe un claro consenso – a lo menos declarado- en torno a la necesidad de consagrar cierta institucionalidad y mecanismos que aseguren la participación ciudadana y la transparencia.
Nicolás Díaz Carrillo
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica.
“La Convención deberá acordar mecanismos que permitan la participación ciudadana en el procedimiento de formación del nuevo texto constitucional”. Este era el tenor de un frustrado inciso quinto que se quiso incorporar al actual artículo 133 de la Constitución vigente (Boletín 13.804-07). Sin embargo, conforme a la norma vigente, se ha entendido que sería solo el Reglamento de votación de la Convención (el que se determinará por 2/3 tercios de sus miembros en ejercicio) el único instrumento que podría regular la participación de la ciudadanía, de los comunes y silvestres, ante al órgano representativo. Esto, por la vía de integrarlo a la estructura y procedimientos de votación, acuerdos y redacción del nuevo texto constitucional. Si no existe un imperativo legal a respetar ¿Existe en ese aspecto un consenso o compromiso de las diversas fuerzas políticas y sociales sobre el contenido reglamentario?
Durante los últimos meses el debate se ha expresado en sucesivos seminarios y diversas propuestas sobre el Reglamento de la Convención Constitucional: propuesta de Rumbo Colectivo (fundación ligada a RD), propuesta de Instituto Libertad (ligado a RN), dos informes del PNUD-Chile (2021), Cartilla del CEP, Coloquios académicos organizados por la U. de Chile, Pontificia U. Católica y U. de Valparaíso, propuestas de Plataforma Contexto, de la Red de Centros de Pensamiento por una Nueva Constitución, entre otras. En su mayoría del mundo académico e intelectual. Todas estas disponibles en internet.
Provenga de una afinidad de izquierda o derecha, ya nadie le hace el quite. Existe un claro consenso – a lo menos declarado- en torno a la necesidad de consagrar cierta institucionalidad y mecanismos que aseguren la participación ciudadana y la transparencia. Sin embargo, hay discrepancia en torno al carácter gravitante de los principios participativos en función de la legitimidad final del proceso constituyente (véase las posturas de constitucionalistas Sebastián Soto, Constanza Hube, Marisol Peña, Jaime Bassa y Christian Vieira).
Urge definir puntos mínimos y concretos que sean parte de un compromiso de los candidatos electos. Actualmente existe una iniciativa de este tipo impulsada por la Red para la Participación. Es necesario, a estas alturas, que los candidatos/as consignen su voluntad por distribuir el poder político que eventualmente asumirán ¿Están todos/as dispuestos? ¿Están dispuestos a convocar a un Foro Nacional ciudadano integrado por sorteo, que fije una orientación preliminar del debate? ¿A una incidencia efectiva de propuestas de cabildos auto convocados? ¿A una máxima transparencia y difusión de todas las sesiones y plenarias? Sin esos mínimos, el debate por el Reglamento puede alargarse y azuzar más los ánimos de desconfianza. Indignación no falta y paciencia sí que hemos tenido.