Nosotros decidiremos nuestro porvenir y no unos sujetos que muy lejos, con un absoluto desconocimiento de las realidades locales, pretenden imponernos sus “sabias” y “expertas” soluciones.
Andrés Cruz Carrasco
Abogado, doctor en Derecho.
Para la instauración de un auténtico regionalismo político debemos conferirle a las colectividades territoriales una personalidad jurídica que las habilite para gobernarse y administrarse con una autonomía relativa, en relación con el poder central. Por fin, hacer que los asuntos que acaecen en dichos espacios sean resueltos por sus propios habitantes, confiando la gestión política a las autoridades locales electas. Esto permitiría perfeccionar la democracia, acercándola a las bases ciudadanas, debiendo simultáneamente fortalecerse los municipios, como centros urbanos en los que se desenvuelve la población, cuya asunción como verdaderos gobiernos locales impida una reproducción del centralismo atrofiado a nivel regional.
Estas colectividades regionales podrían actuar como contra poderes, distribuyendo de manera efectiva las prerrogativas públicas, equilibrando el ejercicio del poder político, haciendo mucho más eficiente y eficaz la función del Estado, liberándonos del lastre de la inercia burocratizadora, para encaminarnos hacia la necesaria modernización estatal.
Nosotros decidiremos nuestro porvenir y no unos sujetos que muy lejos, con un absoluto desconocimiento de las realidades locales, pretenden imponernos sus “sabias” y “expertas” soluciones, desconfiando de nuestras provincianas capacidades.
Estos territorios deben tener una dimensión suficientemente importante desde una perspectiva geográfica, con características culturales, históricas y económicas que les confiera cierta identidad, siendo macroregiones en comparación con las actualmente existentes.
Es indispensable que las autoridades que la gobiernen sean elegidas por sufragio universal y que esté dotada de un órgano legislativo local compuesto por ciudadanos también escogidos por elecciones populares, capaz de confeccionar leyes que sean aplicables en dicho espacio territorial. Regiones con competencias definidas e irrevocables, financiadas con rentas regionales constitucionalmente establecidas, de carácter permanente.
Sólo de esta manera podremos materializar las aspiraciones por una mayor participación ciudadana, superando la discriminación territorial y la brecha entre Santiago y las regiones, implementando políticas diseñadas a nivel local, por quienes tienen una experiencia real de los contextos territoriales, por habitar en ellos, con capacidad deliberativa y autonomía financiera, lo que implica también un decidido orgullo por vivir en provincia, dejando de esperar que siempre el centro político nos de las respuestas.