El nuevo Chile que emerge del sufrimiento y el conflicto social debe reconocer los déficits democráticos y de derechos sin los cuales no puede existir una ciudadanía plena. La nueva Constitución debe habilitar la posibilidad de construir un futuro con y para las mayorías.
Oscar Menares Hernández
Abogado, Candidato Constituyente Distrito 20, Lista Apruebo Dignidad
La grave crisis institucional que arrastra el país debe ser superada a partir de un marco flexible de entendimiento entre los poderes del Estado, sobre la base de una nueva arquitectura entre el ejecutivo y el legislativo y mecanismos de democracia directa destinados a descomprimir las tensiones propias del juego democrático en los marcos de la institucionalidad.
El orden constitucional y los dispositivos normativos de control político intra instituciones deben expresarse en una lógica adecuada de pesos y contrapesos propios de un estado moderno, como así mismo orientar la plena garantía de los derechos humanos, la democratización de la sociedad y habilitar la tomas de decisiones políticas sobre la base del principio de las mayorías.
En este sentido considero necesario consagrar el carácter del Estado como un Estado Social y Democrático de Derechos y de Derecho, Plurinacional y basado en el principio de la paridad ciudadana y la no discriminación en cualquiera de sus formas.
Es necesario establecer un régimen semi presidencial, que separe la función de Jefatura de Estado de la Jefatura de Gobierno, expresados en las figuras del Presidente de la Republica, electo universalmente, y un Primer Ministro, electo por un Parlamento Unicameral, más eficaz y eficiente que el actual Congreso Nacional, que haga efectiva la responsabilidad política del gobierno a partir del voto de confianza o censura.
Igualmente necesitamos incorporar la iniciativa popular de ley, así como plebiscitos abrogatorios a partir de una democracia directa y sustantiva, evitando la distorsión de cuerpos institucionales que no obedecen al mandato de las urnas. Lo anterior obliga suprimir el actual Tribunal Constitucional, cuyas competencias deben quedar radicadas en la Corte Suprema y acotadas al control ex post o represivo de constitucionalidad.
En materia de forma del Estado, en la nueva Constitución debe mantener el carácter unitario, pero atenuado; con fuertes componentes de descentralización y regímenes de autonomía política, económica y financiera en relación a las regiones, pueblos originarios y municipios.
Más democracia es volver las decisiones hacia los territorios pero también reconocer y corregir las graves deficiencias en la protección de los derechos humanos sin ningún tipo de distinción.
La nueva carta fundamental debe establecer mandatos extremadamente claros a los poderes públicos para garantizar y promover estos derechos sobre la base del principio de interdependencia y progresividad, relacionada con el más amplio reconocimiento de estos derechos y sin admitir jerarquización entre ellos, ni retrocesos.
El nuevo Chile que emerge del sufrimiento y el conflicto social debe reconocer los déficits democráticos y de derechos sin los cuales no puede existir una ciudadanía plena. La nueva Constitución debe habilitar la posibilidad de construir un futuro con y para las mayorías.