La nueva Constitución debe garantizar la seguridad de los habitantes de cada rincón de nuestro país, para poder emprender, trabajar y desarrollar con dignidad la vida familiar.
Incendios intencionales, narcotráfico, robo de madera, abigeato y asesinatos a sangre fría. Pareciera ser la descripción de una zona de guerrilla, pero es la realidad que viven miles de ciudadanos en la Provincia de Arauco, La Araucanía y otras regiones vecinas. Miles de personas paralizadas por el miedo, esperando que la agenda de seguridad del Gobierno deje de ser agenda y pase a los hechos concretos.
Tras un 2020 para el olvido, comenzamos 2021 con las muertes de Orwal Casanova y el inspector de la PDI Luis Morales. A esos casos se suman el joven Moisés Orellana, el camionero Juan Barrios, el trabajador Pedro Cabrera y el Cabo 2° de Carabineros Eugenio Nain. Crímenes que mantienen sometidos y de rodillas hace años a trabajadores, emprendedores y familias.
A pesar de lo anterior, algunos sectores afirman que la violencia en esas regiones aún está lejos de lo que sucede en otros países de la región. Entonces, vale la pena preguntarse ¿qué debe ocurrir para que la clase política tome conciencia y comprenda que hay terrorismo y falta de Estado de derecho en la zona?
El Gobierno parece de brazos cruzados y parte del Parlamento actúa de forma complaciente y cómplice, aceptando que por más de una década se pretenda disfrazar la violencia y delincuencia de conflicto mapuche.
Hace algunas semanas vimos que grupo de parlamentarios nuevamente dio la espalda a las Mipymes y familias de la macrozona sur rechazando el proyecto que sancionaba el robo de madera. Hace pocos días vimos cómo otro grupo de parlamentarios pretende dar una especie de “perdonazo” a todos los detenidos por los hechos delictuales en el mal llamado estallido social.
Esas acciones son impresentables ante la opinión pública. Revelan una falta de sentido común que impresiona y sorprende, y que nos hace pensar lo mal que estamos como sociedad. En ocasiones pareciera que las soluciones están ahí, al alcance de la mano, pero veo las noticias y recuerdo que parte del Congreso no está dispuesto a limitar el accionar de la delincuencia y el crimen organizado.
La nueva Constitución debe garantizar la seguridad de los habitantes de cada rincón de nuestro país, para poder emprender, trabajar y desarrollar con dignidad la vida familiar. Pero, por sobre todo, cumplir con nuestros sueños en un Chile sin miedo, en paz y con oportunidades para todos.