Para vivir libremente necesitamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Lay-Len Wong Parra
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica.
Esta semana – con 38 votos afirmativos, 29 votos negativos y una abstención – el Senado argentino aprobó el proyecto de ley sobre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (hasta la semana 14) y a la atención postaborto, dando un nuevo paso por los derechos sexuales y reproductivos en América Latina.
Según los estándares internacionales en materia de derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos son aquellos que permiten a todas las personas, sin discriminación, violencia o coerción, ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre su sexualidad y reproducción, contando para ello con la información, los medios y servicios que así lo permitan.
Tradicionalmente, la discusión pública sobre derechos sexuales y reproductivos se ha centrado en el acceso, ejercicio y goce efectivo por parte de las mujeres, como forma de visibilizar que el control de la sexualidad y el cuerpo de éstas ha sido históricamente un dispositivo de dominación para justificar y perpetuar su situación de subordinación.
Sin embargo, los derechos a vivir libres de coerción, discriminación y violencia relacionada con la sexualidad e identidad sexual; a buscar, recibir y compartir información relacionada ésta; a decidir si procrear o no y, en este sentido, el derecho a acceder a métodos eficaces de anticoncepción y a la protección especial antes y después del parto, van en directa garantía de la dignidad sexual de todas, todos y todes.
La oportunidad histórica que vive nuestro país, en orden a incorporar este catálogo de derechos en una Nueva Constitución o al menos discutir el alcance de los principios sobre los cuales se construyen – igualdad ante la ley, integridad física y psíquica, libertad personal y seguridad individual, salud universal, entre otros – es una deuda pendiente con la reivindicación de las mujeres, la población LGTBIQ+ y otras disidencias sexuales como sujetos plenos de derechos.
Y es que para vivir libremente necesitamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.