El texto que la comisión mixta aprobó esta semana, y que debería ser votado la próxima, deforma la propuesta inicial y no cumple el propósito por el que el mecanismo de escaños existe: asegurar la participación política indígena.
Amaya Alvez
Académica de la Universidad de Concepción y abogada de Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica
A un año de ingresado el proyecto de Escaños Reservados para Pueblos Originarios en la Convención Constitucional, la idea que originalmente impulsó esta demanda ha sido tergiversada. Aún no existe certeza sobre su concreción y ni posibles candidatos ni electores indígenas saben cómo será su participación.
El texto que la comisión mixta aprobó esta semana, y que debería ser votado la próxima, deforma la propuesta inicial y no cumple el propósito por el que el mecanismo de escaños existe: asegurar la participación política indígena, permitiendo la superación de barreras históricas, políticas y culturales que en más de 200 años de historia los han mantenido al margen. Los requisitos impuestos establecen exigencias adicionales a las personas indígenas, y los argumentos esgrimidos por los parlamentarios para imponerlos son demoledores. Impulsados por ignorancia, racismo y cálculos egoístas desconfían y miran paternalistamente a naciones originarias, desconociendo derechos consagrados nacional e internacionalmente.
El proyecto actual exige la conformación de un padrón especial indígena en el que se incluirán personas identificadas en base a datos administrativos o que presenten una declaración jurada. Basta un somero conocimiento sobre el tema para saber que no son mecanismos viables, pues dichos datos no son representativos, y la idea de que personas indígenas concurran ante un ministro de fe en plena pandemia es, a lo menos, absurdo. El proyecto, como será votado, contempla 19 escaños que se descontarán de los 155. En la propuesta inicial los escaños eran supranumerarios, esto es, se sumaban a los 155. Descontar escaños provocará que los distritos electorales para la votación general sean intervenidos, generando efectos indeseados.
El proyecto actual consagra lo que la legislación chilena es hoy y que debemos cambiar: un sistema que pretende asimilar, que desconoce la diversidad cultural, ignora la historia de vulneraciones que han sufrido los pueblos originarios, y que sigue afirmando, en el papel, a Chile como una nación culturalmente homogénea. Esperamos que siglos de exclusión y exterminio lleguen pronto a su fin. En una nueva Constitución avanzaremos hacia un Estado que reconozca y valore esta diversidad cultural y política que, en suma, es Chile.