Esperemos que nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias, y adopten las decisiones que permitan avanzar debida y prontamente en aquello que es la más elemental definición de justicia, como decía Ulpiano: “La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”.
Nelson Villena Castillo
Profesor del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción.
A comienzos de la década de los noventa, una vez recuperada la democracia en nuestro país, el entonces presidente de la República Patricio Aylwin, popularizó la frase que encabeza esta columna, con la cual se exteriorizaba que la necesidad de justicia que entonces existía para perseguir responsabilidades penales y de toda índole, solo podía hacerse efectiva de modo limitado, probablemente porque de otra forma se pondría en riesgo la frágil institucionalidad democrática recobrada.
Lo anterior lo recordamos en estos tiempos de pandemia, pues puede concluirse que el panorama que actualmente existe es semejante al descrito en el párrafo anterior. En efecto, actualmente -y a raíz de la grave crisis sanitaria que amenaza día a día la normalidad de nuestras vidas- la solución a las pretensiones que los ciudadanos someten a la decisión de nuestros tribunales de justicia, solo ha podido ser resuelta de modo muy acotado, a partir de lo normado en la ley 21.226, que ha establecido un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, plazos y ejercicio de acciones jurisdiccionales.
Los procesos penales se paralizan ante la imposibilidad de obtener la comparecencia de los intervinientes y sus pruebas ante el Juzgado respectivo, existiendo incluso requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que deberá decidir el Tribunal Constitucional, respecto de aquellas resoluciones judiciales que han intentado llevar a cabo juicios orales en forma remota; los juicios civiles solo pueden avanzar en sus etapas preliminares, quedando paralizados hasta el fin del estado de excepción; en los tribunales de familia solo se están fallando las causas de menor complejidad; los juzgados de policía local permanecen prácticamente cerrados; las causas laborales solo avanzan en la medida que las partes no se opongan a realizar las audiencias de juicio por video conferencia.
La situación anterior en ciertos casos se ve agravada por la actitud que muchas veces asumen los órganos encargados de coadyuvar en la administración de justicia, que se manifiestan indolentes de frente a las necesidades de quienes requieren una urgente solución de sus legítimas pretensiones de justicia.
Para solucionar la sobrecarga de trabajo que afectará a nuestros tribunales al finalizar el estado de excepción, se ha ingresado un proyecto de ley que se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional, que pretende enfrentar la situación post pandemia, y procurar un eficiente funcionamiento del sistema de justicia, limitando la presencia física de personas por motivos sanitarios, estableciendo además otras medidas que permitan enfrentar en buena forma lo que viene.
Esperemos que nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias, y adopten las decisiones que permitan avanzar debida y prontamente en aquello que es la más elemental definición de justicia, como decía Ulpiano: “La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”.