Aterrizando en Chile ahora, cabe preguntarse ¿qué podemos esperar de nuestro propio proceso plebiscitario? ¿Habrá judicialización?
Dra. Beatriz Larrain
Integrante del Programa de Estudios Europeos UdeC.
En los últimos meses se han presentado numerosas acciones ante los tribunales de los EEUU en relación con el voto por correo en las elecciones presidenciales.
Uno de estos casos sucedió en Texas, donde se había habilitado el voto por correo solo para los mayores de 65 años para protegerlos del Covid. Frente a ello se presentaron acciones judiciales que buscaban obligar al estado a implementar el voto por correo para todos los ciudadanos, no solo para los mayores de 65. La Corte Suprema negó esta petición, argumentando que el estado era soberano para adoptar las medidas que estimara convenientes y que la Corte no debía intervenir. Casos similares se han presentado en los estados de Alabama, Idaho, Wisconsin y Florida, entre otros. Ha sido la Corte Estadounidense bastante conservadora en estos casos, y ha respetado las medidas implementadas por los estados, sin imponer cambios. Cabe recordar que el voto por correo ha sido criticado por Trump por ser una posible fuente de “fraude masivo”.
Junto a este escenario existe uno más complejo que dice relación con la decisión misma de quien será el ganador de la elección. No olvidemos que el año 2000 (Bush v Gore) fue la Corte Suprema la que terminó resolviendo que le correspondía a Bush ocupar el sillón presidencial, en vez de su oponente Al Gore. Ante la posibilidad que esto se repita, y nuevamente los jueces sean actores fundamentales en la decisión final, es punto digno de atención el reciente fallecimiento de la jueza Bader Ginsburg, quien deja una vacante en el Tribunal que Trump intentará llenar antes de la elección.
Aterrizando en Chile ahora, cabe preguntarse ¿qué podemos esperar de nuestro propio proceso plebiscitario? ¿Habrá judicialización? Por cierto que el ambiente polarizado que estamos viviendo, exacerbado por los estragos causados por el coronavirus, podría causar una ola de recursos a los tribunales. En efecto, ya se presentó un recurso de protección en contra del Servel, que busca que se aplace el plebiscito para una fecha en la que no exista riesgo para la salud. Igualmente se han presentado acciones judiciales para que los tribunales garanticen el derecho a voto de las personas con Covid. La extensión que tendrá esta ola de judicialización está aún por verse. Claramente pandemia y elecciones es una mezcla compleja y un desafío para la democracia.