El desafío ahora es de los actores locales, quienes tienen la obligación de tomar la palabra y ocupar los espacios de representación y decisión que se abren con el proceso constituyente en ciernes.
Violeta Montero Barriga
Profesora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción
Para nadie es novedad que desde octubre de 2019 grandes procesos políticos y sociales han cuestionado nuestros supuestos como país, y tensionado las bases institucionales que nos regían.
El debate en torno al 10% de las AFP y la futura votación sobre el cambio constitucional han permitido volcar el interés ciudadano en torno a la discusión política. Creo que este contexto, con sus incertidumbres y conflictos, es ante todo una oportunidad. Una para debatir de manera honesta y abierta, pensar el futuro que queremos y sobre todo, involucrarnos en estos procesos tan trascendentes del presente y futuro nacional.
Entre los temas a discutir, uno que es central por su presencia y transversalidad es el de la desigualdad. Vivimos en una sociedad donde esta palabra no sólo es una abstracción, sino que es una vivencia que se aborda con indiferencia, ira o dolor, depende de donde tengamos la suerte -o el infortunio- de habitar.
La desigualdad es multidimensional no sólo trata de la concentración de la riqueza o el ingreso. Refiere a condiciones y expectativas de vida, de acceso a la salud, a la vivienda, a la educación. Explica, en conjunto, las restricciones que se tienen y al mismo tiempo las oportunidades que se viven para satisfacer necesidades y anhelos básicos, dándole plenitud a los derechos. ¿Cuántos pueden elegir dónde trabajar, donde vivir, dónde curar sus enferemedades o siquiera dónde divertirse?
La desigualdad determina, además, la posibilidad de influir en el propio curso de la vida, porque no todos tienen las mismas condiciones para hacer uso de la palabra y para incidir en un sistema político institucional elitista y concentrado. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Con los pueblos indígenas? ¿Con las comunidades rurales?
Desde los territorios, la desigualdad se manifiesta con dispares niveles de inversión regional y de acceso a oportunidades similares de educación, infraestructura o servicios. Las decisiones, en el mundo público y privado, se concentran en la capital del país, y en las grandes ciudades, desempoderando a los ciudadanos de las regiones y de las comunas periféricas. El centralismo, en suma, está arraigado en las instituciones y las personas.
Por lo expuesto creo que es central hablar de la desigualdad, en sus distintas expresiones. Es más urgente, todavía, ante el desconocimiento y desconexión que exhiben las autoridades centrales sobre la realidad y anhelos de los territorios.
Este tema no sólo es una preocupación moral y de justicia social es también importante, pues tal como lo han evidenciado el estallido social y la crisis sanitaria del coronavirus, la desigualdad genera distorsiones que afectan claramente la convivencia y cohesión social.
El desafío ahora es de los actores locales, quienes tienen la obligación de tomar la palabra y ocupar los espacios de representación y decisión que se abren con el proceso constituyente en ciernes. El diagnostico está hecho, y varias preguntas planteadas. Llegó la hora, cada cual a su manera, de que hablemos y construyamos juntos nuevas formas de relacionarnos y nuevos horizontes para el Chile que viene.