Es urgente avanzar en medidas uniformes contra el hambre y la malnutrición, que permitan asegurar plenamente la libertad de satisfacer las necesidades alimenticias, con pleno respeto a las culturas, creencias y dignidad de las personas.
* Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Democracia (GIDHD) Universidad de Concepción
El derecho a la alimentación está reconocido como un derecho humano desde 1948, si lo entendemos como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Además, quedó explícito en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC 1966), como el deber de los Estados de tomar medidas inmediatas y urgentes para garantizar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y la malnutrición.
Durante la crisis nacional que enfrentamos, provocada por la mantención de un sistema que profundiza las desigualdades y brechas, las medidas de confinamiento a nivel nacional han evidenciado y profundizado dichas desigualdades y sumado a los efectos que está generado la crisis en el mundo del trabajo, aumentando la cesantía y las condiciones de precariedad laboral.
La crisis del hambre en Chile fue puesta en la agenda pública luego que, en mayo de este año en la comuna de El Bosque, comenzaron una serie de manifestaciones que evidenciaron la precariedad laboral y los efectos sociales de las medidas de confinamiento que se impusieron en el país. Como respuesta, el Estado ha generado políticas públicas de asistencialidad a las personas, tal como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que es un subsidio directo a las personas de más bajos ingresos, orientado a mitigar en parte los efectos inmediatos de la crisis. A la vez, desplegó el programa “Alimentos para Chile”, que consistió en la entrega de cajas de alimentos no perecibles a las familias santiaguinas que luego se extrapoló al resto del país en alianza con municipios para la logística de entrega. En paralelo a este esfuerzo centralista, los alcaldes del país han implementado una serie de políticas locales de asistencia, tales como cajas de alimentos, kits de aseo, apoyo a ollas comunes barriales o la habilitación de comedores solidarios, como se efectúa por ejemplo en las comunas de Hualpén, Penco, San Pedro y Coronel.
Todas las acciones buscan asegurar el acceso a un aporte calórico y nutritivo que impida el peor efecto que podríamos evidenciar por la crisis, que es el hambre y la desnutrición. Lo preocupante es lo disímil y la desconexión que se evidencia entre el nivel central y los municipios, implementando cada localidad de acuerdo con sus presupuestos y voluntades políticas distintas estrategias, que van desde destinar funcionarios y funcionarias municipales a tareas de cocina y preparación de alimentos, entrega de donaciones a comedores de iglesias hasta municipalidades que no tienen posibilidad de apoyar con recursos este tipo de acciones.
Es urgente avanzar en medidas uniformes contra el hambre y la malnutrición, que permitan asegurar plenamente la libertad de satisfacer las necesidades alimenticias, con pleno respeto a las culturas, creencias y dignidad de las personas. Solo aquello puede permitir enfrentar día a día los efectos multisistémicos de la actual realidad nacional, con garantía a los derechos fundamentales.
* El GIDHD UdeC está integrado por las académicas Amaya Alvez, Cecilia Bustos, Ximena Gauché, Elizabeth Parra, Cecilia Pérez y Jeanne Simon, y los académicos Jaime Contreras, Carlos Muñoz y Bastián Torres.