Opinión

De la focalización a una lógica de derechos

La “clase media”, el recurso más esgrimido en el discurso público de las últimas décadas, pero que bajo su manto esconde a amplias capas de la población que dependen de trabajos precarios y del endeudamiento para subsistir, y a las cuales cualquier cambio en las fluctuaciones de la economía amenaza con dejar en el desamparo.

Por: Diario Concepción 24 de Julio 2020
Fotografía: Cedida

Rodrigo Castillo
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica

Estas últimas semanas hemos sido testigos de una álgida discusión en torno al retiro del 10% de los fondos de pensiones en el Congreso, que permita a las personas disponer de recursos para sobrevivir a la crisis sanitaria y económica a la que hacemos frente.

Sin embargo, y más allá de las diversas aristas del tema, lo cierto es que llegar a este punto fue una consecuencia de la falta de un Estado capaz de asegurar el sustento básico de sus habitantes. La aplicación de precarias medidas sociales, como el “Plan Alimentos para Chile”, o el “Plan de protección a la clase media”, sólo muestran la crisis en la aplicación de políticas sociales que ha sido la tónica de las últimas décadas en nuestro país. Una extrema focalización, llena de requisitos que restringen significativamente su alcance, con tal de no comprometer la aplicación de mayores medidas de recaudación fiscal. El menor gasto posible como un fin en sí mismo, sin atender a los costos sociales a que ello puede conducir.

Resulta curioso que la principal afectada por el dogma de la focalización extrema de políticas sociales haya sido justamente la destinataria del último plan anunciado para intentar detener la aprobación del proyecto. La “clase media”, el recurso más esgrimido en el discurso público de las últimas décadas, pero que bajo su manto esconde a amplias capas de la población que dependen de trabajos precarios y del endeudamiento para subsistir, y a las cuales cualquier cambio en las fluctuaciones de la economía amenaza con dejar en el desamparo.

A esto se suma también, para empeorar el panorama, la manipulación de este apoyo focalizado por parte de algunas autoridades de turno, al punto de comprometer en ello la dignidad de las personas destinatarias de esas medidas. Así, no es poco común observar a integrantes del gobierno central, regional o municipios, que convierten la entrega de recursos en un espectáculo, donde el resguardo de la intimidad de las familias es la última prioridad, acrecentando la sensación de vulneración y malestar.

La ruptura de esta lógica, y el avance hacia una perspectiva de derechos que apunte a una mayor universalidad de las medidas, y que a la vez considere a los destinatarios como ciudadanos y ciudadanas y no objeto de caridad, es clave para efectos de hacer frente a un escenario de reactivación post pandemia que se avizora como difícil. Ello requerirá del aseguramiento de medidas básicas para que ninguna familia chilena, independiente de su quintil o puntaje en una ficha, pase hambre o desesperación por no poder cubrir sus necesidades básicas. Y el primer paso para ello, será debatir y consensuar un marco constitucional que ponga en el centro la exigibilidad de un estándar mínimo vital en materia de derechos sociales. Porque si de algo no cabe duda a raíz de lo acontecido en el último tiempo, es que, en este tipo de materias, la Constitución y sus límites al margen de acción del Estado son absolutamente relevantes y afectan directamente la vida de las personas.

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