Urge una política nacional respecto de las personas mayores que les permita desarrollarse de manera tal de no ser una carga, pero sin ser excluido socialmente.
Rayen Ferreira
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se adoptó el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la OEA y fue promulgada en Chile el 1 de septiembre del año 2017. En ella se reconoce que las personas, a medida que envejecen, deben seguir disfrutando de la vida de manera plena, independiente y autónoma; con salud, seguridad, integración y participación activa en temas económicos, sociales, culturales y políticos.
En Chile el grupo etario de mayores de 60 años ha aumentado en un 163% en menos de 30 años (Informe de Difusión “soledad en la tercera edad: una respuesta institucional, de Luis Robert para IdeaPaís), evidenciando que nuestra estructura demográfica está cambiando y estamos envejeciendo. Por esta razón es que se deben orientar, tanto las nuevas estrategias cómo las políticas estatales, considerando un enfoque en derechos humanos de las personas mayores.
El Estado Chileno se ha preocupado de garantizar de manera incompleta, los derechos a la seguridad social y a la salud, independiente de las críticas; sin embargo, ha dejado de lado la integración y participación activa de este sector en la sociedad. Las políticas enfocadas en personas mayores han tenido por objetivo alcanzar una mayor autonomía y disminuir su dependencia respecto de familiares u otras personas, enfocadas en el individuo, pero no considerando que dicho individuo tiene vínculos familiares, comunitarios y es parte de una sociedad.
Nuestras políticas han puesto la autonomía individual de las personas mayores como el centro de la condición necesaria para la vida plena o libre. El sistema de protección social y bienestar actual ignora la dimensión comunitaria de las personas mayores, no refuerza los vínculos sociales y genera un sentimiento de aislación o de exclusión social que unido a otros factores propios del sistema puede desencadenar problemas en la salud mental que ya se manifiestan con la alta tasa de suicidios en adultos mayores.
Frente a esta realidad, urge una política nacional respecto de las personas mayores que les permita desarrollarse de manera tal de no ser una carga, pero sin ser excluido socialmente. El enfoque comunitario, intersectorial y de derechos humanos es fundamental.