Opinión

¿Dónde están?

Si casi cinco décadas después seguimos hablando de justicia transicional, es, quizás, porque en 29 años de democracia nuestro país nunca tuvo una.

Por: Diario Concepción 27 de Marzo 2020
Fotografía: Lay-Len Wong Parra

Lay-Len Wong Parra
Abogada, Colectiva – Justicia en Derechos Humanos

A 47 años del golpe cívico-militar que cambió para siempre la Historia de Chile, y entre tanta y necesaria discusión constitucional, a veces pareciera que hemos olvidado las luchas que permitieron que hoy podamos discutir en democracia.

El día 24 de marzo ha sido fijado por la ONU como el Día Internacional del Derecho a la Verdad, como forma de conmemorar a las víctimas de las más graves, sistemáticas y masivas violaciones a los DDHH, a su dignidad y a la de sus familias.

La verdad como derecho, que en un primer momento se circunscribió en el ámbito internacional a las desapariciones forzadas, evolucionó posteriormente – a través de una interpretación extensiva de los DDHH, íntimamente relacionada con la característica de ser dichas normas interrelacionadas, interdependientes e indivisibles – en uno de los tres pilares de los principios contra la impunidad, junto con el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación.

En nuestro país, la primera Comisión de Verdad – la Comisión Rettig – se erigió como la principal institución de una incipiente justicia transicional: en un trabajo invaluable por contribuir a la justicia y la reconciliación, recogió los testimonios de más de 3.500 familiares de víctimas, en el esfuerzo por reparar, en parte, el daño provocado por los más atroces crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, las conclusiones de su histórica labor, y de las Comisiones que la sucedieron, no fueron suficientes para inspirar políticas de Estado efectivas, que estuvieran destinadas a romper los pactos de silencio; a investigar y castigar a los responsables; y a contribuir a una cultura de respeto por los DDHH, estableciendo medidas de no repetición que lograran desafiar las causas estructurales de las violaciones cometidas en dictadura.

Aun así, la lucha incansable de madres, padres, cónyuges, hermanas, hermanos, hijas e hijos por conocer la verdad y el destino de sus desaparecidos y ejecutados políticos sigue digna e inclaudicable, pese al manto de impunidad que ha cubierto a asesinos y torturadores; a las estrategias de sus defensas por ralentizar las ya extensas instancias judiciales por las que atraviesan las investigaciones; y al inexorable paso del tiempo, que les ha visto partir sin verdad y sin justicia.

Y es que, si casi cinco décadas después seguimos hablando de justicia transicional, es, quizás, porque en 29 años de democracia nuestro país nunca tuvo una.

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