Paulina Fernández
Jefa del área de Abogacía de Aldeas Infantiles SOS
La Asamblea General de la ONU adoptó el 18 de noviembre una Resolución sobre Promoción y Protección de los Derechos del Niño, en el marco de los 30 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y los 10 años desde la adopción de las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. El foco de esta resolución está centrado en niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental. Y lo más relevante es que entre todos los firmantes de esta Resolución está el Estado de Chile.
Esta resolución refuerza los distintos aspectos que hemos señalado en diversas entrevistas y columnas de opinión referido a la necesidad de que Chile avance de manera decida en la aprobación de la Ley de Protección Integral y Garantías de Derechos a la Niñez y la Adolescencia. En ella, se debe establecer la institucionalidad necesaria para ello, con fuerte foco en la instalación a nivel territorial de una autoridad administrativa con potestades y atribuciones para la protección y garantía de los derechos. También, la implementación de programas de promoción y prevención orientados a los niños y sus familias, para que la separación familiar sea realmente aplicada como último recurso. Todo ello en una lógica de un sistema que debiera operar desde la gradualidad y abordar las distintas situaciones y condiciones de los niños y sus familias de manera oportuna y pertinente. Llegar a tiempo y evitar la cronificación de las vulneraciones, para prevenir daños y sufrimientos debe ser una de las prioridades.
Con esas claridades y decisiones, se debe avanzar en el análisis y discusión en el parlamento del nuevo servicio de protección especializado, el que efectivamente pueda resolver los nudos críticos que tiene el Sename en la actualidad, introduciendo innovaciones programáticas, modificando las prácticas de trabajo con las Ocas y con el intersector, y la forma de financiamiento, que sigue basada en la subvención y la caridad, especialmente evidente en el sistema de cuidado residencial. Es decir, algo significativamente distinto a lo que opera hoy.
Así, los Estados miembro asumen un conjunto de compromisos para prevenir los factores asociados a la pérdida de cuidado familiar, junto con mejorar la situación y la atención de aquellos que hayan visto vulnerado el derecho a vivir en familia.