Opinión

Nueva agenda social

Por: Diario Concepción 12 de Febrero 2020
Fotografía: Alberto Moraga Kiel

Alberto Moraga Kiel
Seremi de Desarrollo Social del Bío Bío

Que no pase desapercibida. Anunciada por el Presidente Sebastián Piñera, la nueva agenda social es una conjunción de propuestas reunidas en un plan que se erige, quizás, como uno de las proposiciones más relevantes del último decenio en la materia social.

Si bien es preciso reconocer que la nueva agenda es insuficiente para satisfacer absolutamente todos los requerimientos sociales urgentes de nuestro país, constituye un paso relevante. Es un primer apronte firme y decidido, en el derrotero de un Chile más justo.

Sus medidas se agrupan en torno a los siguientes cinco ejes programáticos: reformas sociales, mejor salud, seguridad y paz social, más justicia y menos privilegios y, finalmente, apoyo a las pymes. Cada eje involucra el trabajo multisectorial de diversos ministerios y el apoyo transversal y mayoritario de las bancadas de legisladores del Congreso Nacional.

El primer paso concreto es el incremento de los ingresos de los grupos más vulnerables, gracias al aumento de la pensión básica solidaria que beneficiará a 1,6 millones de adultos mayores; al bono de ayuda familiar, que si bien es un elemento paliativo transitorio, constituye una ayuda relevante para 160.000 familias de nuestra Región; y, al ingreso mínimo Garantizado, cuya tramitación legislativa va muy bien encaminada en el Congreso y cuyo propósito es complementar el salario de los trabajadores a jornada completa cuando éste sea inferior a $350.000, medida que apoyará directamente a 57 mil familias de Bío Bío.

El segundo paso es la aprobación de medidas que, si bien no son transferencias monetarias directas, constituyen alivios el presupuesto. Por ejemplo, la ley número 21.185, que anuló el alza de 9,2% del precio de la electricidad, retrotrayendo el valor de las tarifas al primer semestre del año 2019.

Una implementación que se suma otros proyectos, como el que establece la rebaja del impuesto territorial para adultos mayores, la reducción del 50% del transporte público para mayores de 65 años, la baja también en el precio de los medicamentos y condonación de las multas e intereses de los deudores del CAE.

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