Nicolás Díaz Carrillo
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Colectiva Justicia en Derechos Humanos
A pesar de lo auspicioso del escenario constituyente, existe un elemento central que ha quedado un tanto relegado de la discusión: la participación ciudadana.
El estallido 18/O se caracteriza por haber puesto nuevamente en escena la acción, organización y protesta social como métodos de participación política ciudadana. El reencuentro entre vecinos/as, trabajadores/as, familiares y estudiantes, en cabildos y asambleas, ha sido la expresión en positivo del contundente rechazo a representantes que han devenido en “elite política”. No es caprichoso que las grandes críticas se centren en el rol desmovilizador que tendría el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución”, y en la cooptación que podría sufrir la Convención Constituyente por parte de partidos políticos tradicionales.
En 2016, el mismo día que se realizaba el cabildo provincial de Concepción (Bachelet II), un millar de personas marchaba en todo Chile por NO+AFP. El resultado de todo aquél proceso participativo, de alrededor de 200 mil personas, culminó en un proyecto de nueva constitución (boletín 11617-07) que no recogía las grandes propuestas ni tuvo respaldo social. Parecía que la coincidencia de fechas revelaba una dicotomía: o la movilización callejera o la participación política directa institucionalizada.
Es necesario, por tanto, impulsar mecanismos de participación ciudadana que apliquen buenas prácticas y los más altos estándares de inclusión, empoderamiento e idoneidad desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos: La inclusión y adecuación para la participación de NNA; la adecuación cultural para PP.OO.; la convocatoria y gestión autónoma de encuentros por parte de la ciudadanía; recursos y despliegue institucional que asegure participación en todo el territorio; y fundamentalmente, mecanismos de ponderación de aquella participación, que garanticen su incidencia o carácter vinculante para con la autoridad pública y/o el debate o agenda de la eventual Convención. Estos son sólo algunos de los aspectos a considerar para que el proceso sea visto como génesis de una constitución que el pueblo de Chile reconozca como propia.
No cabe duda que el debate por una nueva constitución ha recobrado un vigor inusitado en nuestro país producto de las movilizaciones iniciadas el 18/O. A la fecha, la discusión se ha centrado en gran medida en dos aspectos: 1) la posibilidad cierta de canalizar institucionalmente un reemplazo constitucional y 2) la configuración del órgano de representantes encargados de ello. Lo primero ya tiene fecha: plebiscito del 26 de abril y, lo segundo, seguirá definiéndose en el debate que se desarrolle en el congreso nacional respecto a paridad de género, escaños para PP.OO. y garantías para ciudadanos/as independientes.