“La representación por parte de los gobernantes, como el resultado natural del consentimiento de los individuos, no está expresando la necesaria base de legitimidad política”.
PAULA BRAVO
Integrante del Programa de Estudios Europeos de la
Universidad de Concepción.
En 1762 el filósofo suizo Jean Jacques Rousseau publicó una de sus obras políticas más memorables, “El Contrato Social”. Y memorable porque en ella aparecen conceptos de la política moderna como la libertad, la igualdad, el Estado de Derecho y la voluntad general.
Me permito en esta columna hacer alusión a esta obra y a su autor, por cuanto pareciera escrita por alguien de esta época y de esta Nación. Sobre todo, en lo que dice relación con la necesidad de una convención entre nosotros mismos.
El autor, como han señalado numerosos académicos de teoría política moderna, no pretendía explicar con su obra el origen del poder, sino que hablar de la forma que adopta el orden social entre los nacionales y con ello el gran tema de la legitimidad que nace a partir de este pacto firmado entre personas; reflexionado y en plena libertad.
“Cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro considerado como parte indivisible del todo.” La persona pública que se constituye así, por la unión de todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad y hoy el de república o cuerpo político, el cual es denominado Estado. En cuanto a los asociados, éstos toman colectivamente el nombre de pueblo y particularmente el de ciudadanos como partícipes de la autoridad soberana, y súbditos por estar sometidos a las leyes del Estado”.
Todos los miembros de la sociedad hemos firmado un contrato implícito y, al igual que cualquier contrato de sociedad, este debe reportarnos beneficios mutuos.
“Los compromisos que nos ligan con el cuerpo social no son obligatorios, sino porque son mutuos, y su naturaleza es tal, que al cumplirlos, no se puede trabajar por los demás sin trabajar por sí mismo”.
Bueno, al parecer ha llegado la hora de revisar este contrato social en Chile. No digo romperlo, sino que racionalizarlo, comprenderlo y ajustarlo a los beneficios y deberes mutuos, porque claramente lo que tenemos hoy por contrato es un pacto hecho desde afuera y sin la concurrencia de la voluntad general; el motor de toda actividad política. Y lo que resulta más grave es que la representación por parte de los gobernantes, como el resultado natural del consentimiento de los individuos, no está expresando la necesaria base de legitimidad política por la enorme brecha entre unos y otros.
De este modo, tendremos que volver a revisar lo que nos dice la teoría acerca de los fenómenos políticosociales y acto seguido, dedicarnos en conciencia a construir sobre la base más sólida posible, esto es la voluntad general y la convivencia en diversidad.