Todos conocemos a incapaces amigos y parientes de los gobernantes de turno contratados con millonarios sueldos. “Es que así funciona” fue la mejor explicación encontrada por décadas.
Jorge Condeza Neuber
@jorgecondezan
La corrupción es en parte responsable de todo lo que está ocurriendo. Y es muy notorio que las autoridades evitan siquiera mencionarla porque está claro que cada uno tiene velas en este entierro.
Este problema no es solo chileno, es cierto, pero nuestra respuesta institucional y social ha sido débil. Hay nuevas leyes, hay denuncias, pero también hay una creciente percepción de impunidad que no cabe dudas, está asociada a una complicidad manifiesta de todos los poderes del Estado. La evidencia muestra que en los casos más emblemáticos de las llamadas platas políticas: Penta, SQM o Corpesca, no hubo ningún castigo ejemplar que deje huella en nuestros empresarios o políticos. Incluso algunos siguen con la tontera de todo fue una confusión administrativa, ya que era financiamiento de campañas y no un aumento patrimonial.
En los motivos del descontento social nos podemos encontrar con diagnósticos establecidos hace décadas. En medicamentos sabemos que pagamos 2, 5 y hasta 10 veces más que en otros países, pero nunca hubo reglas estrictas para que esto no ocurriera. Mientras tanto, las farmacias se coludieron y hoy existen serias sospechas de colusión sistémica de quienes producen los remedios evitando la entrada de bioequivalentes o manteniendo prácticas de incentivos a vendedores y “fidelización” de médicos. “Conflictos de interés” del gremio, le llaman, algo que AJ Cronin describió en La Ciudadela hace más de 100 años ¿Qué compromisos tienen los políticos con la industria farmacéutica en su conjunto?
O en el “negocio” pensiones, donde decenas de dirigentes políticos terminaron en los directorios de las AFP, pagando por sus redes para no generar cambios. Pero la evidencia de que las tasas de reemplazo irían bajando en el tiempo se conocen al menos hace 20 años y lo ratificó la llamada Comisión Bravo hace 10. ¿Fueron las campañas electorales financiadas por las AFP o sus socios? ¿Por qué no hay ley que limite sus utilidades a un porcentaje de su capital como ocurre en otros servicios públicos?
O se han preguntado, ¿por qué el presupuesto público ha llegado a 75,000 millones de dólares y el dinero no alcanza? Todos conocemos a incapaces amigos y parientes de los gobernantes de turno contratados con millonarios sueldos. “Es que así funciona” fue la mejor explicación encontrada por décadas.
¿Alguien se cuestiona por qué las obras públicas que realizan municipios o ministerios son siempre más caras?¿ O las grandes ventajas que consiguen las concesionarios de cualquier cosa, o los transportistas? La evidencia abunda.
Y podemos hacer la lista de abusos y frescuras que existen en el parlamento, dieta de millonarios, asesorías truchas, informes comprados a precios de oro a parientes y amigos; viáticos dobles; vacaciones cuando quieren, permisos sin goce de dieta a precio de liquidación o parlamentarios que simplemente no trabajan. Todo impune. Todo sin que ningún fiscal investigue, porque la doctrina del jefe así lo determina.
La lista puede llenar páginas y páginas y muchos podrán aportar sus ejemplos. El denominador común: Corrupción. Siempre alguien tapando lo del gobierno saliente, o salvando el pellejo de alguna complicada autoridad de otro poder del estado. Hoy por ti mañana por mí, reza el asuntito.
Como indicó Delia Ferreira, Presidenta de Transparency International, “la corrupción es un fenómeno político que afecta la legitimidad del sistema de gobierno, la relación de representación política, la confianza en las instituciones y el desempeño de los gobiernos”. Miren lo que hoy está pasando.
Si queremos luchar contra esta lacra que destruye países, una nueva Constitución debe considerarlo como asunto prioritario (incluyendo la persecución penal pareja) entendiendo que el fraude, la malversación, el tráfico de influencias, el amiguismo, las coimas, el soborno, la extorsión y cualquier abuso de poder para sacar ventajas económicas o de otra índole, atentan contra la fe pública y terminan rompiendo el sistema.