Ha quedado de manifiesto la necesidad de una nueva Constitución en nuestro país. Vastos sectores de la sociedad lo han manifestado, muchos académicos se han pronunciado e incluso distintos medios de comunicación han abordado el tema. También hay opiniones divergentes que plantean en el fondo de su argumentación que no hay necesidad de tal cambio. Señalan que basta con revisar y modificar las leyes y decretos que abordan aquellos temas que hoy están en cuestionamiento producto del estallido social poniendo como ejemplo el decreto ley 3.500 que crea el sistema de AFP, o la ley 18.933 que alude a los sistemas de salud, o los cuerpos legales que fijan y regulan tarifas en transporte, agua potable y servicios eléctricos.
Pero, ¿qué pasaría si se revisan y modifican tales normas de tal modo que los grandes intereses económicos en juego se vean afectados? De seguro se recurriría al Tribunal Constitucional alegando inconstitucionalidad, como ha ocurrido con otros temas de interés publico.
Debemos sumar que quienes sostienen tal posición, agregan que la Constitución fue redactada por un grupo de expertos, entre los que se encontraba el ex presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Efectivamente así fue; la comisión Ortúzar existió, pero se evita señalar que ésta fue redactada en dictadura y ratificada en un plebiscito que terminó siendo fraudulento e ilegítimo dadas las condiciones en las que fue implementado, y evidencia de ello hay de sobra.
También señalan que gracias a los artículos transitorios 27 al 29, se logró el plebiscito de 1988, pero no señalan que estos artículos buscaban la prolongación de Pinochet por ocho años más a partir del año 88, es decir, hasta el año 1997. Hacen mención a las reformas constitucionales del año 89, que destrabaron entre otras cosas el vergonzoso artículo octavo que proscribía a los partidos de izquierda y que despojó de sus derechos políticos al ex ministro Clodomiro Almeyda, más no se señala que este conjunto de reformas se concretaron en un contexto de fragilidad predemocrática.
A su vez, agregan que la Constitución ha sido modificada a lo menos en 30 ocasiones, muchas de las cuales han significado avances democratizadores, como las reformas del 2005 que eliminaron los llamados senadores designados y que permitieron la remoción de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, entre otras. O las reformas que otorgaron derecho a sufragio a chilenos residentes en el exterior o el reemplazo del sistema binominal, más otras que modificaron y perfeccionaron formas pero no trastocaron el fondo, es decir, la esencia doctrinaria de la Constitución y su expresión más patente, que es el modelo económico.
En efecto, en el texto mismo, hay opciones ideológicas explícitas, que son discutibles y sobre todo, limitan la libertad de acción de generaciones futuras. El principio de subsidiariedad, por ejemplo, se erige en obstáculo a la implementación de políticas públicas donde se hace necesaria la intervención del Estado. Igualmente, la importancia asignada a la familia desde una concepción estática, se esgrime como argumento que impide la adaptación de las leyes a la evolución de las costumbres. En fin, incluso un concepto aparentemente tan inocuo como el de bien común es objeto de lecturas restrictivas, que amarran a la sociedad chilena a un modelo específico e inmutable de desarrollo que hoy muestra evidentes señales de agotamiento.
Por tanto estamos convocados a ilustrarnos en el tema constitucional, pues de la constitución se desprende gran parte de los problemas que atraviesa nuestro país. Hay quienes quieren mostrar esto como un problema de forma y de mera voluntad política, que por cierto es importante, pero sin duda hay un problema de fondo. Si a lo anteriormente dicho agregamos el problema de origen, con mayor razón se requiere una nueva constitución, un nuevo pacto social que incluya a todos.
Carlos Benedetti Reiman
Concejal de Chiguayante