José Luis Trevia
Investigador
Fundación para el Progreso Concepción
A un par de días de que prescriba el plazo para que las autoridades del gobierno, particularmente los intendentes, renuncien a sus cargos para postular a ser el nuevo gobernador regional, existen más dudas que certezas respecto de este cargo. Dudas, en razón de que aún no se ha aprobado el Reglamento de Transferencia de Competencias, el que determinará qué entendemos por competencia, en su delimitación conceptual, quien evaluará la transferencia de estas y cómo se realizarán tales traspasos.
Por otro lado, existe incertidumbre debido a que el oficialismo evalúa enviar una ley corta que esclarezca y perfeccione aquellos puntos oscuros o jabonosos de la actual normativa. Desde La Moneda evaluarán sí modificar por vía legal o administrativa, dependiendo de la entidad del punto tratado y del informe final de la mesa de trabajo técnica. Resulta complejo que, restando un año para la elección, tanto autoridades del gobierno como terceros, tengan que prácticamente realizar un salto de fe en caso de querer optar por encabezar el gobierno de su región.
Pero, ¿cuál es la raíz de tan desorganizada, incoherente y vacía política pública? Su origen data del segundo período de la ex presidenta Michelle Bachelet. En él se vitoreó con aplausos enérgicos, gran celebración y frases rimbombantes a favor de la descentralización al tomar esta medida. Como diría el filosofo Ortega y Gasset en su ensayo la democracia morbosa “que eso está muy bien, pero no viene al caso”. Desdibujar el esquema de los gobiernos regionales para elaborar un esperpento, que aún no posee ni pies ni cabeza, no es ir en pro de una descentralización efectiva, mucho menos podría considerarse como empoderar a las regiones.
Este afán de ajustar la realidad a mis convicciones, no importando el resultado de la política pública, es un síntoma que padece el progresismo hace ya bastante tiempo. La inflexión se produce en que no sólo existe desconocimiento respecto del escenario de la elección, sino que también lo habrá una vez que el gobernador sea electo: ¿Podrá implementar políticas públicas propias aún cuando disientan del gobierno central? ¿Cómo se resolverán los disensos que existan con el delegado presidencial que será el brazo armado del gobierno central en la Región? ¿Es el hecho de escoger vía elección pública autoridades una verdadera descentralización? Al parecer, la cura podría ser peor que la enfermedad.