Beatriz Larraín
Académica Programa de Estudios Europeos
Universidad de Concepción
En una columna anterior reflexionábamos sobre el poder político de los jueces. En esta ocasión nos enfocaremos en Polonia, un país sumido en una crisis política que tiene de protagonistas justamente a jueces y gobernantes.
El conflicto comienza el 2015, cuando gana las elecciones el partido Ley y Justicia (PiS), partido que comienza una batalla para controlar y limitar el poder de los jueces eliminando a aquellos que no eran partidarios del nuevo régimen, bajo el pretexto de acabar con la corrupción y de modernizar el sistema.
Cuando asume el presidente Andrzej Duda, este se niega a tomar juramento a los jueces del Tribunal Constitucional que habían sido designados por el gobierno anterior, nombrando a sus propios partidarios en su lugar. Luego propone una ley que obligaría a los miembros de la Corte Suprema a jubilarse en forma anticipada, con el objeto también de remover a quienes no eran sus partidarios.
Esto generó gran rechazo en la población, ya descontenta con las muestras de autoritarismo del gobierno. Prontamente, los propios jueces afectados recurren a la Corte Europea de Justicia (CEJ) para que esta zanjara el asunto, y en efecto, en junio de este año declaró que forzar a los jueces a jubilarse era contrario al Derecho de la UE y no podía hacerse.
Lo interesante de este caso, más que mostrar un gobierno camino a la autocracia (nada novedoso en Europa ni en América Latina), es el foco de la lucha. Mientras la batalla por el poder político tradicionalmente se ha librado entre el ejecutivo y el parlamento o dentro del parlamento mismo, aquí hay un nuevo actor: el poder judicial.
Un poder del estado tradicionalmente considerado de menor importancia en lo que refiere al ejercicio del poder político. Emerge este frente al ejecutivo como un peligro, como un ente capaz de frenar las pretensiones de poder absoluto del partido gobernante, y además con un gran apoyo ciudadano.
Hay alianzas nuevas que alteran los equilibrios políticos tradicionales, al entrar en juego un nuevo actor más poderoso que el propio gobierno polaco: la CEJ.
El mundo actual ha cambiado, que duda cabe. Los jueces constituyen una nueva fuerza cada día más visible y que por lo mismo están expuestos a los embates propios del juego político. Por lo mismo, es de esperar que Polonia siga siendo escenario de conflictos entre jueces y gobernantes. Estaremos atentos.