Felipe Vergara
PhD en Comunicación
Académico Universidad Andrés Bello
@felipevergaram
Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sancionó a Filipinas por los excesos que ha cometido en su guerra contra las drogas y aprobó una resolución que encarga a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, para que haga un seguimiento de la situación y prepare un informe al respecto.
Lo primero a dejar en claro es que cuando la ONU habla de “excesos” por parte del gobierno de Duterte, en realidad estamos hablando de crímenes de lesa humanidad; en su informe, Bachelet denunció que las muertes y ejecuciones extrajudiciales en Filipinas superaban incluso a las 5.400 muertes confirmadas por el mismo Gobierno.
La resolución del Consejo de DD.HH. de la ONU fue aprobada por 18 votos a favor, mientras que hubo 14 votos en contra (China, Cuba, Egipto y la propia Filipinas, entre otros) y 15 abstenciones, donde aparecen Brasil, Chile, Japón y Sudáfrica, cuyas posturas fueron consideradas como “una decepción” por la Human Rights Watch.
De quienes apoyaron la resolución no sorprende, de los que se opusieron tampoco; pero de las abstenciones, ahí sí que hay mucho por analizar, particularmente en lo que respecta a nuestro continente y los casos de Brasil y Chile. Ambos países han planteado en su política contra el narcotráfico el uso -con diferentes matices- de la fuerza militar. Esto no sólo preocupa, sino que por sobretodo asusta.
Hasta ahora no hay evidencia empírica que demuestre que la mejor forma de combatir el narcotráfico sea por medio del uso de las fuerzas armadas. El problema es que destinarle la misión de este combate al ejército es simplemente la profecía del fracaso y una amenaza real para la población civil.
La experiencia de los militares en las calles chilenas durante la dictadura y la de Filipinas parecieran no ser suficiente para constatar que ese no es el camino, sino que, pese a ello se obcecan en su idea armamentista.
Ahora bien, no todo puede ser blanco y negro, en este caso hay matices, de partida Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, no puede ser comparado con ambos mandatarios latinoamericanos -en el caso de Bolsonaro tengo mis dudas-, pero en relación a Piñera claramente no hay comparación. Sin embargo, ambos presidentes son esclavos de sus promesas de campaña y al no poder cumplirlas, terminan sufriendo de una caída estrepitosa en su popularidad.
Siendo así, vemos en estos anuncios la tradicional jugada comunicacional para desviar la atención de los reales problemas que agobian a estas naciones. Malas decisiones políticas y económicas, débiles cifras de crecimiento y carencia de representatividad, los llevan a instalar banderas de luchas, no necesariamente donde debieran estar, atacando las formas y no el fondo del problema de las drogas, que como plantea el académico de la Universidad Central de Colombia, Andrés Nieto, requiere de la intervención integral a su estructura económica y disminuir los factores de consumo, que no se limitan a la marihuana y cocaína, sino a más de 58 nuevas drogas sintéticas.
Preocupa, claro que sí, el populismo es contagioso y hasta ahora no tiene vacuna. Dejarse llevar por shows mediáticos para apaciguar los conflictos internos es una estrategia que países serios no se pueden dar.
Si nuestros mandatarios caen en esa desviación de la realidad, es que como sociedad estamos serios problemas. Quienes convivimos en el mundo del siglo XXI, no podemos darnos el lujo de asumir como reales citas cinematográficas como “plata o plomo”, ni tampoco para volver a la Roma de Julio Cesar con “Panem et circenses”.
Esperemos que el abuso de fuerza de Filipinas sirva de ejemplo para un análisis más serio y menos populista sobre cómo enfrentar el flagelo de la droga.