La crisis humanitaria se puede observar en los cerca de 4 millones de migrantes que han huido de Venezuela.
Arnoldo Pacheco Silva
Historiador
El último informe de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanas, Michel Bachelet, confirma y profundiza el trabajo del anterior comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, publicado en junio de 2018, coincide con las denuncias efectuadas por el Secretario General de la OEA y por el director para las Américas de Human Rights Watch, que se refieren al grave atropello de los derechos humanos, la práctica de la tortura, de las detenciones arbitrarias, las ejecuciones de los opositores (documentadas en más de 6.800 víctimas), el desmantelamiento del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas, el uso de la violencia para aplastar los opositores, la crisis humanitaria en salud, alimentación, inflación con cifras imposibles de registrar por lo inconmensurables guarismos, la crisis de seguridad personal, la inexistencia de la libertad de expresión, la existencia de centenares de presos políticos, etc.
El sufrimiento de un pueblo concreto y real se extiende gradualmente por más de 10 años, realidad imposible de desconocer por la evidencia de los hechos. Lo importante de este informe es que sella con fuerza la objetividad del estudio, surgiendo de su lectura la dura verdad, desnudando sin eufemismo la realidad venezolana. Se ha escuchado el dolor de un pueblo. Se ha querido refutar la crudeza del informe aludiendo a su falta de imparcialidad, carencia de rigor científico, errores metodológicos, y que, la Alta Comisionada estaría siendo instrumentalizada por la agenda imperialista de Estados Unidos.
Por el contrario, el trabajo de la oficina de la Alta Comisionada, por lo demás persona de izquierda, está avalado por un equipo de profesionales que tienen la experiencia metodológica para realizar estos trabajos en terreno bajo el imperativo ético de la defensa de los derechos humanos bajo cualquier régimen e ideología. Han sostenido 159 reuniones con diversidad de grupos sociales, políticos y estatales, manteniendo 558 entrevistas en Venezuela y en otros 8 países con víctimas y testigos de las violaciones de los derechos humanos. Es un trabajo que se extendió por varios meses, que antecedieron la visita de la Alta Comisionada.
No hay duda, que aquí la vulneración de los derechos de la persona humana no es una situación transitoria y accidental, por el contrario, obedece a una política de un grupo ideológico, usando la fuerza para mantenerse en el poder, cuando su utopía y populismo ha fracasado rotundamente. Por consecuencia, la aplicación de la violencia del gobierno a sus opositores tiene una raíz estructural: el seguir manteniendo el poder mediante la captura de una nación y de su democracia.
La otra faceta de este contundente informe, es que la crisis humanitaria de este país, se puede observar directamente en los cerca de 4 millones de migrantes que han huido de Venezuela y que una cantidad similar lo harán en los próximos años.
Proceso que señala la hondura de la crisis cuando se produce una inusitada y sin precedente diáspora de familias por numerosos países latinoamericanos. Caminan por esta tierra mestiza con el dolor a cuestas en cada paso, dejando atrás su historia personal y colectiva, sus sueños truncados, buscando en el horizonte una tierra que les otorgue acogida, trabajo, paz y la posibilidad de rehacer la vida en un ambiente seguro y libre.