Opinión

Muy inteligentes

Por: Diario Concepción | 15 de Marzo 2019
Fotografía: Diario Concepción

Jorge Condeza Neuber
@jorgecondezan

Esta columna tiene 2.380 caracteres. La moción parlamentaria de octubre del 2015 y que llaman ley de medidores, tenía 272. Su objetivo era que, existiendo una catástrofe, los costos de reponer empalme y medidores lo asumiera el distribuidor de la energía. Nada más.

La discusión en comisión y sala agregaron un par de detalles que no cambiaban radicalmente el proyecto. El 16 de agosto del 2016, se despachó al senado para su revisión.

La “comisión especializada” del Senado discutió el proyecto entre noviembre del 2017 y enero del 2018, y lo convirtió en otra cosa. El artículo único, ahora pasaba a indicar que el empalme y el medidor serían de propiedad de la distribuidora de energía y que el decreto tarifario determinaría como incluir en sus formulas tarifarias la remuneración de estas instalaciones. Y aparecieron 3 artículos transitorios, uno para lo que la cámara había propuesto y mucha letra para reiterar que los decretos tarifarios que se dicten al amparo de la Ley General de Servicios Eléctricos podrían ser modificados para incorporar los mayores costos asociados a los cambios de la nueva ley y a los estándares y exigencias de calidad y seguridad de servicio y de suministro que establezca la normativa técnica, etc. Todo muy extraño, pero perfectamente cuadrado.

El 18 de enero 2018 otro proyecto volvió a la Cámara.

Se votó el 25 de enero del 2018, la última sesión antes de salir de vacaciones. El acta consigna que reunidos los jefes de comité acordaron por unanimidad votar sin discusión 4 temas y, entre ellos, las modificaciones introducidas al proyecto de Ley que establecía la obligatoriedad de las empresas a solventar el retiro de instalaciones en casos de fuerza mayor. Sólo se votó. Nadie levantó la mano para decir que no estaba de acuerdo. 91 votos a favor de algo que nadie discutió y que muchos nunca leyeron y menos supieron de qué se trataba.

Aunque la norma técnica que obligaba el cambio a los famosos medidores inteligentes fue promulgada por la res exenta 706, el 7 diciembre del 2017, lo concreto es que esta nueva ley validaba todo lo que tenía que ver con costos y las fórmulas para traspasárselos íntegros a los clientes. Pero nadie la discutió ni reparó que entre lo que salió y volvió, sólo el título era el mismo. Nadie relacionó ley y norma técnica. Las vacaciones no podían esperar.

Y así como nadie supo quién pagaría los medidores, tampoco si la información que genera, ahora en manos de un tercero, viola algún derecho al conocerse los hábitos de consumo, incluyendo si estoy o no en mi casa. Nadie reparó tampoco en si las empresas pueden vender esas bases de datos o si esta información puede ser hackeada. Nadie reparó nada, porque el trabajo legislativo es así, livianito, caro y sin mucho seso, y sin nada de respeto por los contribuyentes y menos un “ideal” 25 de enero ad portas de las valiosas y ansiadas vacaciones.

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