Opinión

La necesaria y resistida participación ciudadana

Por: Diario Concepción | 13 de Octubre 2018
Fotografía: Cedida

Paula Nieto Pino
Abogado
Facultad de Ciencias Ambientales UdeC
Estudio Fernández Nieto Abogados

La participación ciudadana en las decisiones de política pública y en particular en temas ambientales, se ha levantado como una demanda persistente en los últimos años en nuestro país.  Sin embargo, a pesar del aparente consenso en torno a la necesidad de ampliar los espacios de participación, aún no hay claridad sobre cuáles son los mecanismos más apropiados para lograr este fin.

Tras la reforma ambiental de 2010, la participación ciudadana (PAC) se encuentra confinada a hipótesis específicas que no se condicen con las reglas de intervención en cualquier procedimiento administrativo, si bien existe en múltiples instrumentos de gestión ambiental, siendo el más conocido  el de la evaluación ambiental. En él no sólo no es vinculante, sino que además diferencia bajo el tipo de instrumento que es evaluado el proyecto o actividad a ejecutar.

El considerar y establecer mecanismos de diálogo y participación entre las comunidades, el Estado y los privados, no solo es necesario, sino que además es una estrategia que apunta hacia un desarrollo más sostenible en el tiempo en el entorno y  con las comunidades de los lugares en que los proyectos están insertos.

En efecto, existe un creencia equivocada por parte de muchos titulares de proyectos, de priorizar criterios estrictamente económicos, fomentando atajos y ahorros dudosos, que como se ha comprobado en múltiples ocasiones, con el tiempo les terminan explotando en la cara. A largo plazo, resulta una mucho mejor inversión desarrollar los proyectos en forma seria y responsable, con estudios debidamente fundados y, sobre todo, con una política de diálogo y transparencia con las comunidades y sostenedores. Escuchando a tiempo a la ciudadanía y llegando a acuerdos que reporten una ganancia justa a todas las partes involucradas, se evitarán posibles e interminables judicializaciones, que terminan agotando a ambas partes y desincentivando la inversión.

El llamado es a incorporar la participación ciudadana, a que los titulares dejen de temerles y de resistirse a ellas por prejuicios o miedos infundados, a ver un poco más allá y a empezar a valorarlas como una verdadera oportunidad, como una garantía de continuidad en su operación, y como una gran instancia para tener a la ciudadanía como aliada y no bajo una constante sospecha.

Vivimos en comunidad y eso, aunque no queramos, es un hecho de la causa, innegable y que no va cambiar, sin embargo, ¿cuánto estamos dispuestos a escuchar al otro, a reconocer que su opinión es tan importante como la mía?

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