Opinión

La ley que no permite crecer

Por: Diario Concepción | 09 de Octubre 2018
Fotografía: Cedida

Andrés Carter Pereira
Presidente Redcol Bío Bío

Ha pasado un tiempo de la puesta en vigencia de la Ley de Inclusión y es vital para nuestro país y sus generaciones futuras, establecer un sistema que avance en la calidad de los procesos que ocurren al interior de las salas de clases, lo que resulta una afirmación sin ninguna novedad.

No obstante, para implementar lo anterior, debemos responder algunas preguntas que también provienen de lugares comunes: ¿Cuál es el costo de la educación de Calidad? A partir de la nueva institucionalidad vigente; ¿Podrán los Colegios particulares subvencionados, contar con financiamiento para  hacer frente a estos desafíos?

Respondiendo la primera pregunta hay diversos estudios que plantean que si bien hemos avanzado, falta mucho para acercarnos al nivel OECD, en el monto destinado por alumno, y también –situación que incide mucho- en la cantidad de alumnos por sala.

Ahora, la pregunta respecto al financiamiento necesario para entregar una educación de calidad, podemos señalar que actualmente la banca ha cerrado sus puertas a los emprendedores educacionales, ya que las entidades que sostienen los proyectos educativos (Corporaciones o Fundaciones sin fines de lucro) son unos híbridos jurídicos donde el patrimonio se diluye y, por ende el riesgo, –según la banca- es altísimo y con un creciente costo social para recuperar los posibles créditos impagos, situación que hace arrancar a las instituciones financieras nacionales tan acostumbradas a no asumir riesgos.

Por lo anterior, es que planteamos como una posibilidad cierta que ante el interés que el Estado de Chile muestra por mejorar el dinamismo e innovar en educación, debe proveer las herramientas para que el sector privado subvencionado –sin el terror del lucro, ni de la selección de por medio- pueda asumir estos desafíos y mejorar su accionar con herramientas que permitan renovar espacios educativos, contar con nueva y mejor infraestructura inclusiva –recordamos que la nueva normativa de acceso universal exigirá a partir del 2019 nuevas dependencias y facilidades- , y establecer planes estratégicos que permitan la mejora continua. Muchos podrán decir que para eso está la Subvención Escolar Preferencial, no obstante, su uso es demasiado restrictivo y no permite por ejemplo construir un nuevo edificio.

Proponemos que el Mineduc establezca un fondo de Garantía Estatal, que sirva para financiar proyectos de  inversión en los Establecimientos Educacionales, que se orienten a mejorar la calidad ya sea por mejora en los procesos, como en mejores espacios e infraestructura y con ello responder de manera adecuada a la inclusión y no discriminación, bandera enarbolada por todos los sectores.

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