Ricardo Gouët Bañares
Presidente de la Cámara de la Producción
y del Comercio de Concepción
Este 1 de abril entra en vigencia la Ley de Inclusión Laboral, una normativa que busca dar a las personas en situación de discapacidad, un espacio para su desarrollo en el mundo del trabajo.
Sin duda avanzamos hacia una sociedad más tolerante y capaz de reconocer en las diferencias, oportunidades de crecimiento social, incorporando en todos los ámbitos a quienes tienen una discapacidad. Una condición que en la mayoría de los casos no es limitante para aportar a la comunidad de igual o mejor manera que los demás.
Casos emblemáticos como el de Stephen Hawking, cuya enfermedad no le impidió mostrarnos las maravillas del universo, debieran permitirnos mirar el mundo desde una perspectiva más humana; pues a todas luces trabajar, estudiar o simplemente relacionarse con otros bajo las mismas condiciones, desarrolla la autovalencia y mejora la autoestima.
A partir hoy y de manera paulatina, el 1% de las contrataciones de empresas tanto públicas como privadas, estará reservado para personas que presenten situación de discapacidad. Esta normativa es válida para aquellas organizaciones e instituciones que tengan 100 o más trabajadores.
Hace unos días, fue publicado un estudio de KeyClouding, una plataforma digital destinada a la selección de personal. La mayoría de los 300 ejecutivos de recursos humanos encuestados, considera que la puesta en marcha de la Ley 21.015 es un aporte real a los cambios sociales que nuestra sociedad requiere; sin embargo, al consultárseles sobre cuáles han sido las principales dificultades para incorporarlos, más del 60% menciona la infraestructura como un factor complejo para el proceso y casi un 28% considera que la oferta laboral de personas con discapacidad es insuficiente para alcanzar la cuota exigida por ley.
Estos elementos debieran llevarnos a reflexionar sobre dos aspectos. Por un lado, necesitamos pensar en ciudades y espacios inclusivos. No basta con tener una rampla en cada esquina si nuestra locomoción colectiva no está preparada para trasladar a quienes viven con una discapacidad o si las oficinas públicas no tienen acceso expedito para todos.
Por otro lado, necesitamos dar más espacios de participación en la educación a jóvenes en situación de discapacidad. Muchas de las casas de estudios superiores ya han dado los primeros pasos en esta materia; sin embargo, es necesario reforzar ese compromiso de manera que los futuros estudiantes reciban una formación académica que les permita ser el aporte técnico o profesional que requiere el mundo del trabajo.
Desde hoy más de 25 mil personas con discapacidad podrán acceder a una oferta laboral real en alguna de las casi 8 mil empresas privadas del país que cumplen con el requisito exigido por la Ley. Como empresarios transformemos esta obligación en un acto de convicción con mirada de futuro.