Tania Busch Venthur
Abogada, directora Corporación Fundamental
Tener un país centralizado significa que las oportunidades de acceso a cultura, educación, empleo y participación pública se encuentran determinadas por el lugar de nacimiento o residencia. Descentralizar, entonces, es combatir la desigualdad en su dimensión territorial. En Chile esto es crítico: somos el país más centralizado tanto de la Ocde como de América Latina.
Abordar este problema fue una de las primeras medidas reformadoras de la administración Bachelet. El 2014 se presentó una propuesta de Política de Estado y Agenda para la Descentralización y el Desarrollo Territorial, elaborada por la Comisión Asesora Presidencial, planteándose una serie de medidas que avanzaban hacia la forma de Estado Regional.
El impulso inicial, sin embargo, decayó. Ahora, se observa que las iniciativas en la materia carecen de una mirada global que se tome en serio territorio y poder. Los proyectos de elección popular de intendentes y la creación de una nueva región en Ñuble, que declaran avanzar en descentralización, no han considerado los impactos negativos que pueden generar reformas parciales en problemas estructurales.
Autoridades locales electas sin competencias suficientes pueden provocar frustración de la ciudadanía. Además nos expone a caudillismos y populismos, ya que un representante local sin potestades para hacer frente a las demandas de sus electores, no tendrá más herramientas que recursos mediáticos y efectistas.
Sobre la creación de nuevas regiones, debe recordarse que la virtud de la descentralización política es desarrollar polos de poder político local que hagan de contrapeso al gobierno central, generando una separación vertical del poder. La fragmentación resta relevancia a liderazgos locales, actuando en contra de su objetivo descentralizador.
El proyecto que crea la región de Ñuble modifica la ley 18.700 disminuyendo la cantidad de senadores de Bío Bío de cinco a tres. Esto, además de disminuir la influencia respecto del gobierno central, deja a sus habitantes con menor representación en relación a habitantes de regiones de igual o menor población.
En corrección de la desigualdad territorial en la distribución del poder, las iniciativas en trámite podrían significar un retroceso: democratización no es descentralización y fragmentación no es distribución. El abordaje del problema de la relación equilibrada entre poder y territorio deberá considerar esta arista, no sea cosa que el remedio sea peor que la enfermedad.