Opinión

Hagamos algo

Por: Diario Concepción 17 de Diciembre 2016
Fotografía: imagenPrincipal-381.jpg

Hay temas que necesariamente deben tomarse en serio en nuestro país y uno de los más complejos es el cumplimiento de la ley.

He comentado en anteriores ocasiones el no pago de la previsión por parte de muchos municipios y corporaciones municipales, que en forma reiterada incumplen la ley. El año 2014, y a raíz de las denuncias existentes y de que esto constituye una apropiación indebida de los recursos de los funcionarios municipales, se modificó la ley 18.695 orgánica de municipalidades, estableciéndose que desde ese momento constituía notable abandono de deberes del alcalde, el no enterar en forma sistemática la previsión de los funcionarios de un municipio o de los servicios traspasados como salud y educación.

He oficiado a la Contraloría, al Ministerio Publico, a la Presidencia de la Republica, a ministros, diputados y senadores respecto a este tema y por el abuso de las oficinas de cobranza que sin mediar gestión se embolsan cientos de millones de pesos al año por estos atrasos de los municipios. Pero hasta ahora, nada.

La Contraloría, en un oficio de respuesta, reconoció el 2015 la existencia de 88 Municipios con el problema, pero decidió postergar la auditoria para marzo del 2016, asunto que hasta ahora no tiene resultados. Considerando la extraña dilación por parte del ente fiscalizador, decidí "probar" con 2 municipios: Santiago y Quilpué.

En Santiago se demostró que la alcaldesa Tohá durante 8 meses no pagó la previsión. Su acción le generó al municipio el pago de casi 200 millones de pesos en multas, intereses y gastos de cobranza prejudicial. Los datos de mis denuncias se enviaron a algunos concejales de la comuna, los que fueron informados claramente del problema financiero del municipio. Entre ellos estaba el actual alcalde, que hoy se muestra sorprendido de cómo le dejaron las finanzas municipales, asunto que siempre debió saber ya que fue concejal.

Días atrás, la Contraloría entregó el informe de la corporación municipal de Quilpué, estableciendo que entre los años 2014 y 2015 ese municipio perdió 699 millones por multas, intereses y pagos a oficinas de cobranza, debido a las demoras en el pago de la previsión de sus funcionarios. Cientos de millones de pesos de la educación pública, botados a la basura. Un asunto de máxima gravedad que se replica en muchos municipios del país y donde no se aplica la ley orgánica de municipalidades, es decir, no se acusa de abandono de deberes a los alcaldes, persiguiendo la lógica responsabilidad que en estos hechos tienen.

Doblegar el espíritu de la ley, permitiendo que un órgano político sea el filtro para su aplicación es dejar abierta la puerta y la ventana a la corrupción y si tanto hablamos de educación pública aquí hay un forado que conviene tapar.
 

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