Esta jornada el movimiento social hizo un llamado acampar y preparar ollas comunitarias en Avenida 9 de Julio, concentraciones afuera del Congreso de Buenos Aires y movilizaciones hacia la Plaza de Mayo.
Este jueves el Congreso de Argentina debatirá acerca del proyecto de emergencia alimentaria el cual ha sido parte de las manifestaciones sociales de los últimas semanas y ha sido un tema por el que el gobierno de Mauricio Macri ha sido duramente cuestionado.
Hace varias semanas diversos movimientos sociales han convocado varias movilizaciones para exigir que el Ejecutivo declare emergencia alimentaria en el país y esta jornada no fue la excepción tras el llamado acampar y preparar ollas comunitarias en Avenida 9 de Julio, concentraciones afuera del Congreso de Buenos Aires y movilizaciones hacia la Plaza de Mayo, lugar donde se está ubicada la Casa Rosada.
El miércoles pasado organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC) y Somos-Barrios de Pie, entre otros, es que la protesta se extienda durante 24 horas y se llenan las calles aledañas al Congreso de la capital transandina y el frontis del Ministerio de Desarrollo Social.
Además los dirigentes hicieron una invitación a varios diputados -tanto del oficialismo como opositores- para discutir acerca de los siete proyectos de ley que existen actualmente en el Senado relacionados con esta medida y que no han podido iniciar su trámite legislativo.
El 30 de agosto, el obispo Jorge Lugones, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, pidió al Estado que disponga las medidas necesarias para declarar “emergencia alimentaria y nutricional” ante el “severo” aumento de la pobreza.
En caso de aceptar, la primera tarea es implementar la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que sería el organismo encargado de estudiar, fiscalizar y garantizar de la población más vulnerable y menor de 16 años pueda acceder a su alimentación diaria.
También aumenta el presupuesto para los comedores públicos y se contempla un presupuesto de 10 mil millones de pesos fortalecer la asistencia alimenticia para quienes lo necesiten.
En caso de que la Casa Rosada acceda, sería la segunda vez que un gobierno aplica esta medida, la cual debutó durante la crisis que afectó al país transandino en 2001 y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2002.