Los accesos a la morgue de Bello Monte, la principal de Caracas, amanecieron este miércoles rodeados de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que no permitieron el acceso a vehículos, transeúntes, ni mucho menos a la prensa que se apostó afuera del lugar. En esta dependencia, la familia de Oscar Pérez, el ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC) que murió el lunes en un operativo de captura, exigieron identificar y recuperar su cuerpo.
La muerte del ex policía rebelde, que junto a otras seis personas murió abatido por las fuerzas de seguridad en una casa al oeste de Caracas, impactó a la disidencia venezolana. El opositor de 36 años llevaba seis meses siendo el hombre más buscado del país luego que en junio pasado sobrevolara la capital venezolana y lanzara granadas a dos edificios gubernamentales. La acción de Pérez se llevó a cabo cuando el país se encontraba en medio de una ola de protestas. Su hazaña fue puesta en duda por varios miembros de la oposición que incluso lo acusaron de ser un aliado del chavismo. Pero la sorpresiva muerte de Pérez, que fue calificado como un “terrorista” por el gobierno de Nicolás Maduro, fue esta vez criticada desde distintos frentes.
Las palabras del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, que el martes justificó la muerte de Pérez asegurando que el procedimiento de los cuerpos de seguridad “se enmarca en los criterios universalmente reconocidos” ya que hubo una agresión que puso en riesgo la vida de los funcionarios, causaron indignación en Venezuela.
Distintas organizaciones de derechos humanos, como Provea o Cofavic, tildaron de “manera enfática” el acto como una ejecución extrajudicial. Según explicó Inti Rodríguez, coordinador del área de Monitoreo e Investigación de Provea, los videos divulgados por Pérez anunciando que se iba a entregar, el uso de armamento de alto calibre y el despliegue de al menos 600 funcionarios para detener a 15 personas son sólo algunas de las pruebas.
“Lo ocurrido es una posible ejecución extrajudicial transmitida a través de las redes sociales y causa preocupación. El desenlace fatal que vimos demuestra la consolidación que tanto hemos denunciado de las OLP y que la ejecución extrajudicial se ha institucionalizado”, denunció Rodríguez.