“El desafío es humanizar la provisión de vivienda social”

La vivienda social es un tema que lleva más de un siglo presente en la discusión nacional, vinculada ya sea a la acción empresarial, la filantropía o las políticas públicas. Fue en 1906 cuando el Estado de Chile dictó la ley de habitaciones obreras, comenzando una historia de desarrollo de políticas públicas relacionadas con las necesidades habitacionales de la población.

Si bien la vivienda social parecería representar una solución al déficit habitacional, una serie de problemas socio urbanos relacionados con la tríada vivienda-barrio-ciudad, demuestran que su impacto en la sociedad no se da de forma homogénea; ya sea por deficiencias en la calidad constructiva, o por carencias en servicios de los barrios en que están instaladas, la exclusión y segregación económica afecta la calidad de vida de muchas familias.

Para Joan Mac Donald, la relación entre políticas habitacionales y segregación es más compleja que una simple causalidad. Arquitecta chilena, consultora en sentamientos humanos, Mac Donald fue la primera mujer en ejercer el cargo de Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo (1990-1994), preocupada, fundamentalmente, en mejorar el acceso a la vivienda.

Consultora de diversos organismos internacionales como CEPAL, ONU-Hábitat, y programas habitacionales en Centroamérica y América del Sur, su labor académica en universidades chilenas y extranjeras, ha ido unida a la generación de una gran cantidad de artículos sobre los temas de su interés; el más reciente, Política habitacional y migrantes. Reflexiones a raíz de una crisis en el Norte, llama a aprovechar la experiencia chilena en esta materia para “ampliar el alcance nacional de nuestras políticas del hábitat a un abordaje más global que acoja los poderosos procesos migratorios que hoy desdibujan nuestras fronteras”.

“La ciudad segregada nos acomoda”

-Indudablemente, la vivienda social ha ayudado a reducir el déficit habitacional en Chile, pero ¿cómo esta política ha incidido en la segregación que se produce, sobre todo, en los grandes centros urbanos?

– “Más que responsables de las enormes desigualdades existentes en las ciudades, las Políticas Habitacionales visibilizan estas diferencias -cuyas causas son mucho más profundas-, al mostrarnos el contraste entre la ciudad de quienes pueden pagar por una buena calidad urbana y la precariedad que prevalece en las poblaciones. Es verdad que el esfuerzo por atender a la mayor cantidad posible de familias en extrema necesidad y precariedad ha favorecido la instalación de miles de hogares pobres en conjuntos habitacionales de gran escala, baja densidad y localización periférica. Pero la opción que ahora se prefiere, de entregar viviendas mejor equipadas y localizadas, aunque a costos más elevados, tampoco conduce a una ciudad más integrada y equitativa, por obligar a muchas familias que esperan una solución a refugiarse en campamentos y otras expresiones de crítica precariedad quizás menos visibles, pero igualmente graves. Las causas de la exclusión urbana hay que buscarlas en las profundas desigualdades de todo orden que presenta nuestra sociedad”.

Para la arquitecta, todos somos responsables de que las desigualdades se expresen tan dramáticamente en ciudades segregadas. “Los esfuerzos de las entidades públicas encargadas de atenuar o revertir la inequidad han apuntado hasta ahora a corregir su expresión material, equiparando la dotación de bienes y servicios disponible para el resto de la ciudad”, señala.

En ese sentido, lamenta lo poco que se ha avanzado para remover las barreras y prejuicios que “impiden a los pobres urbanos ejercer una ciudadanía efectiva y participar de modo institucionalizado en las decisiones que competen al desarrollo de sus barrios y ciudades”.
Ante esta realidad, dice Mac Donald, los excluidos no parecen visualizar otra salida que la confrontación para exigir el cumplimiento de sus demandas. A su vez, agrega, los ciudadanos más privilegiados no están interesados en habitar cerca de los pobres, menos aún a integrarlos a su hábitat cotidiano. “Ello se refleja en actitudes clasistas y defensivas, erradicaciones forzadas de los escasos `focos de pobreza´ que aún permanecen en los barrios acomodados y en un mercado del suelo que, con altísimos valores de los terrenos, se encarga de dificultar cualquier intento por superar la exclusión”. En gran medida, enfatiza, “la ciudad segregada y excluyente la hemos construido nosotros mismos, porque así nos acomoda”.

Crisis Copeva

-Usted ha dicho en otras ocasiones que “la vivienda social nace de un interés de las empresas constructoras por meterse en un campo donde antes no hacían negocio”, ¿cómo es eso?

– “La política habitacional chilena, como muchas otras, tiene tres focos de atención. Es una política social, como las de Salud, Educación y Protección Social, a cargo de que en el país la situación habitacional sea la mejor posible. Otro foco es la ciudad, como lo simboliza el propio nombre de nuestro Ministerio. Ahí lo que interesa es lograr buenas ciudades. Por último, es también parte del subsector Construcción de Vivienda, cuya importancia en materia de empleo e inversión se reconoce ampliamente. Desde este foco, se trata de construir buenas viviendas; esto es, bien construidas por profesionales y técnicos especializados. Esta mirada `desde la oferta´ siempre ha sido predominante en nuestras políticas, opacando la mirada más amplia de una política social que debería velar por una situación habitacional adecuada sobre todo para los más pobres, lo que no implica muchas más actuaciones”.

Al respecto, la arquitecta recuerda que, ya a fines de la década de 1950, “el empresariado de la construcción visualizaba en la producción de viviendas para sectores pobres un interesante nicho de actividad. Se trataría de construir casas con criterios similares a los aplicados para la clase media, pero más chicas y de menor calidad para que fueran accesibles a este nuevo beneficiario”.

Menciona, por ejemplo, la llamada “Crisis Copeva” (1997) a partir de la cual, aumentar la calidad y mejorar la localización urbana de las viviendas sociales ha sido una bandera de lucha compartida con la institucionalidad sectorial, aun cuando los costos cada vez más altos asociados a tales mejoras limitan severamente la cantidad de atenciones posibles.

“Decisiones programáticas respaldadas por el llamado `lobby del ladrillo y el cemento´ insisten en abordar el complejo panorama habitacional en que se encuentra el país por medio de la producción de viviendas definitivas que resultan demasiado caras para dar una cobertura suficiente. Más temprano que tarde habrá que re-enfocar la crisis desde la perspectiva propiamente social de la política de vivienda y construir, a partir de las demandas y necesidades específicas de la población afectada, un conjunto más amplio de respuestas a los múltiples problemas que requieren ser enfrentados”, asevera Mac Donald.

Flexibilidad constructiva

Para la arquitecta, la vivienda social no debería ser tratada de manera tan impersonal, como un simple número o producto tipo. “En cada vivienda, entendida como `lugar en que se está viviendo´, se desarrollará un proceso de interacción entre los habitantes, con sus costumbres, prioridades, sueños, etc., y la estructura física del alojamiento mismo. Cada vivienda es única, y si se la va a proveer desde fuera, debería cuidarse que pueda acoger esa especificidad.”, asevera.

A su juicio, la excesiva tipificación con que se opera en los programas masivos de vivienda social debería superarse. Lo han logrado, dice, otras áreas de producción en que se contemplan sustanciales grados de diversidad para satisfacer mejor las necesidades de diferentes beneficiarios, y la oferta diversificada de viviendas hoy disponible para sectores de mayor ingreso.

“El desafío es humanizar la provisión de vivienda social respetando la especificidad de sus habitantes y comunidades. Cuando vivían en el campamento lo sentían propio. Un sentido de pertenencia a un hábitat que ellos crearon desafiando a la ley y al cual dieron un nombre de contenido simbólico para recordar su origen, sus líderes, fechas significativas o sueños compartidos. Algo de este sentido de pertenencia podría trasladarse al nuevo conjunto habitacional, si se contemplan posibilidades para que puedan opinar sobre sus preferencias de radicación, los vecinos y comunidades que desean tener cerca por compartir origen, etnia, lazos familiares etc. También podrían ellos dar nombre al barrio y decidir cómo administrar y usar los espacios públicos”, sostiene.

Se trata, dice, de humanizar el programa habitacional colocando a las familias, y no a las viviendas, en el foco de atención, y recordando que la inclusión no se juega solo en aspectos materiales, sino sobre todo en la posibilidad de hacerse cargo de su proceso habitacional.
“Afortunadamente, el férreo control que tratamos de imponer para que el proyecto de vivienda social se mantenga tal como se lo inauguró, como una obra `importante´ más que la suma de diminutas viviendas, no dura por mucho tiempo. Los habitantes se encargarán luego de apropiarse de su unidad, modificar y pintar las fachadas y transformar los recintos hasta lograr el sello propio que tenían en mente. La consolidación cuidadosamente programada por los técnicos se ve sobrepasada por acciones individuales que cada cual realiza cuando y como puede”, señala.

Para Mac Donald, esta diversidad puede ser favorable al incentivar, a quienes están rezagados, a apurar el paso, favorecer el intercambio de ideas, destrezas y recursos entre vecinos, etc. “Es posible lograr una buena consolidación de los conjuntos de vivienda social de estándares iniciales modestos y localizaciones periféricas si las políticas habitacionales reconocen que su tarea no terminó en la inauguración, sino que se requiere un acompañamiento en el tiempo para fortalecer estos procesos, en función de lo cual el gobierno local debería asumir un rol protagónico”.

A su vez, agrega, resulta decisivo potenciar la acción de los propios habitantes para construir desde sus particulares estilos y preferencias, una identidad colectiva que les permita alcanzar los adelantos materiales, espacios de decisión y reconocimientos necesarios para llegar a ser parte de la ciudad.

Ciudad culturalmente diversa

– ¿Permitirá esta absoluta flexibilidad en el desarrollo de la vivienda social, la integración y cohesión social?

– “La coexistencia de diferentes formas de construir, habitar y convivir no implica necesariamente un conflicto. Pueden energizar enormemente el proceso de consolidación de un conjunto de viviendas. Aún si hay conflictos, ellos pueden ser positivos. Permiten que se reconozcan los problemas, primer paso a su solución, y luego negociar salidas satisfactorias para todos. Además, es utópico pensar en flexibilidad absoluta en un ambiente urbano en que deben existir reglas y criterios constructivos, más aún si se trata de un país sísmico. Flexibilidad no equivale a ausencia de reglas del juego, sino a una disposición a revisarlas si no funcionan. Se trata de que existan suficientes espacios de decisión para que el habitante y sus organizaciones puedan colaborar en la construcción gradual de su entorno. No se trata de aportar mano de obra al proyecto que diseñó una entidad o un arquitecto famoso, sino de participar en las decisiones sobre cómo se desarrollará el proceso habitacional. La ciudad contemporánea es culturalmente diversa; respeta y se enriquece con la diversidad de costumbres y usos que aporta una población cada vez más global. En vez de ahogar la rica diversidad latinoamericana, aprendamos a valorarla en la convivencia social y en la expresión física de nuestras ciudades”.

– ¿Qué pasará con aquellas familias que son menos proactivas en la mejora progresiva de sus viviendas? ¿Cómo evitar que no sean “parias” en sus barrios?

– “No es común que las familias que optan por una consolidación progresiva luego demuestren desinterés por completarla, ya que suelen estar motivadas para autogestionar su hábitat. Sin embargo, aun así, pueden sufrir eventos inesperados, como la muerte o enfermedad de algún miembro o la pérdida de su fuente de ingresos, que afectarán su capacidad de completar la vivienda. La experiencia aconseja tomar medidas en tres niveles. En primer lugar, es necesario involucrar a toda la familia en el proceso, no solo al jefe o jefa de hogar. También los niños y los adultos mayores pueden contribuir con ventajas en esta tarea. Un segundo “seguro” es un fuerte compromiso comunitario. En los asentamientos urbanos de tradición andina, por ejemplo, las comunidades construyen o completan en los días de fin de semana las viviendas de grupos familiares más vulnerables (por ejemplo, de mujeres solas o ancianos) para asegurar que no queden rezagados. Por último, se pueden contemplar apoyos más institucionalizados, ya sea financieros, técnicos o sociales que podrían intervenir en estos casos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el nivel de consolidación difícilmente coincidirá para todos, ya que lo que parece aceptable para unos no lo es necesariamente para quien tiene mayores recursos o expectativas. La autonomía implica oportunidades y también riesgos. Aunque no nos guste, ser los parias del barrio también es un derecho”.

Iniciativa de hábitat

migrante por autogestión
– A propósito de su documento “Política habitacional y migrantes”, usted no descarta la instalación de campamentos como parte de las soluciones habitacionales de quienes vienen de otros países a asentarse en nuestro territorio, sobre todo migrantes ilegales, ¿cómo es eso?
– “Los migrantes no son solo un problema. Pueden ser una oportunidad para dar un enfoque actualizado a nuestra política convencional, que se encuentra en un callejón sin salida al no poder responder a las necesidades existentes. Los migrantes –no todos, por cierto- representan un potencial interesante para reponer en nuestra región la producción social de hábitat, que ha sufrido un importante desgaste en las últimas décadas, debido a un contexto político y sectorial muy adverso. En el caso de Chile, los migrantes podrían traer desde sus países de origen la vivencia de ciudades y barrios autoproducidos por la propia gente, incluso pueden haber participado en estas tareas, a un país en que décadas de programas `llave en mano´ han deslegitimado y descontinuado la práctica de esta alternativa”.

Para Mac Donald, además, el perfil del migrante es el “de un emprendedor, alguien que decidió `votar con los pies´, abandonar su tierra para instalarse donde estima y confía que podrá ampliar sus oportunidades de progreso. No espera tanto que le den una solución, sino una oportunidad para alojar, quizás transitoriamente mientras evalúa la mejor forma de insertarse en la ciudad y aprovechar sus posibilidades”.
Por otra parte, dice, su complicada y a veces peligrosa trayectoria desde su lugar de origen -en algunos casos por etapas- le ha enseñado la importancia de establecer ayudas y alianzas con otros, que en grupo se sobrevive mejor, y que las redes entre migrantes y con sus comunidades de origen son un valioso recurso.

“Estas y otras características presentes en muchos migrantes sugerirían que constituyen grupos con potencial para la autoconstrucción y ayuda mutua. La puesta en marcha de una `iniciativa de hábitat migrante por autogestión´ podría entregar experiencia para instalar más adelante una línea de atención a los campamentos en la actual política, que por lo explicado arriba está encajonada en una visión muy convencional que no contempla la autogestión del hábitat. Eventualmente, la iniciativa podría escalar hasta un nivel latinoamericano, si se involucran los movimientos y redes de migrantes que operan en América Latina, y se entusiasman en patrocinar y cooperar algunos organismos internacionales”, concluye.